Uno de los deberes ciudadanos consiste en acatar las normas que emanan de nuestra sociedad, entre ellas, las que dicta ahora la autoridad frente al coronavirus. Pero el acatamiento no significa renunciar al espíritu crítico, pues otro deber ciudadano –que no es incompatible– es el de informarse, revisar y cuestionar a los gobernantes.
Otra virtud más, que quizás no poseo, pero intento practicar, es la moderación: ver a los gobiernos, de todos los colores y de todos los ámbitos (municipal, estatal y federal), sin filias ni fobias. Moderación también para no ser alarmista. Bajo estas premisas, me parece que conforme pasen las semanas muchas preguntas deberían surgir entre los ciudadanos.
Culiacán
En todo el país, la crisis sanitaria se ha focalizado especialmente en cuatro puntos: el Valle de México, Tijuana, Cancún y Culiacán. Una pregunta que no debemos desdeñar es qué hicimos mal en Sinaloa para que Culiacán se convirtiera en uno de los sitios con más casos de coronavirus en México. No es poca cosa, sobre todo cuando vemos que Monterrey o Guadalajara están en una mejor situación. ¿Por qué Culiacán ocupó esa “honrosa” condición? ¿Por qué no se encuentra como cualquier otra ciudad? ¿Quién hizo u omitió qué cosa para que se precipitara de esa forma la curva de contagios: el presidente municipal, el gobierno estatal, la ciudadanía?
Relajamiento
A lo largo y ancho del país comienza a observarse un relajamiento ciudadano respecto del acatamiento de las medidas sanitarias, en particular, en la movilidad de las personas y el distanciamiento social. En Mazatlán, desde la semana pasada muchos restaurantes ya están abiertos al público (no solo para llevar). ¿Hay anuencia u omisión del ayuntamiento en ello? Baste –estimado y anónimo lector– echar un vistazo a algunos restaurantes del malecón para constatarlo y esperar que Mazatlán no se convierta en el nuevo foco de contagio en Sinaloa.
Es absolutamente comprensible que las personas que viven una economía de subsistencia salgan a trabajar. Tampoco es un asunto menor la urgencia de los empresarios por reactivar sus negocios ante la inminencia de abrir ahora o quebrar.
Sin embargo, existe otra parte de la población que pudiendo quedarse en casa no cree en el coronavirus o simplemente está harta. Pero no olvidemos que el gobierno federal estableció un sistema de semáforos y que, hasta ahora, Sinaloa no ha abandonado el color rojo.
Mediante la herramienta OxCGRT de la Universidad de Oxford y el GPS de nuestros celulares, un consorcio –compuesto por la Universidad de Miami, la UNAM, el CIDE y otros– elaboraron una medición de la movilidad poblacional que –de acuerdo con su informe del 15 de mayo– revela que Sinaloa, aunque ha mejorado, se encuentra por debajo de la mayoría de estados en el índice de políticas públicas de contención frente al coronavirus.
Cuando las semanas transcurran, podremos ver qué autoridades hicieron un buen o mal trabajo para asegurar la reducción de la movilidad. Es un deber ciudadano hacerse esa pregunta. No hay duda que todos los gobiernos del mundo emplearon esa medida para aplanar la curva de contagios y, en México, hay gobiernos estatales y municipales que han destacado por sus labores de contención.
Desempleo y pobreza
Hay que reconocerlo: los gobernantes se encuentran en una encrucijada, pues deben proteger la salud, pero también la economía, y es difícil encontrar un balance, uno que no supone elegir entre un bien y un mal, sino entre dos males.
Las ansias del presidente de la república por reabrir la economía se reflejan en su discurso: ha hablado de una curva ya “domada”, de una reapertura para el 18 de mayo, pero pospuesta para el 1 de junio y, esta última, suspendida mientras el semáforo esté en rojo. A diferencia de otros países en que se decretaron cambios solo a partir de que se observó un descenso en las cifras, en México se ha optado por ofrecer una luz que se pospone. Un efecto de ello, como lo ha reconocido el propio subsecretario de salud, López-Gatell, es el relajamiento de la población. El presidente quizás lo hace no solo por ofrecer esperanza sino porque urge una reapertura económica no exenta de dilemas.
De acuerdo con datos del IMSS, tan solo en el mes de abril se perdieron cerca de 550 mil empleos. La cifra es devastadora, pues supone que diariamente 18,000 personas se quedaron sin trabajo en México. El Coneval –cuyo nuevo titular fue designado por el actual gobierno– estima que la crisis económica derivada del coronavirus traerá 10 millones de nuevos pobres, que habrán de sumarse a los 60 millones estimados anteriormente.
Tengo la impresión de que la negativa de López Obrador, a propósito de apoyar de forma contundente a los empresarios, se basa en una serie de ideas preconcebidas que se mezclan en una maraña de reduccionismos sobre el rescate de empresas. El tiempo nos dirá si el presidente se equivocó al no adoptar firmes medidas contracíclicas, en especial, fiscales y de protección del empleo.
Escepticismo ciudadano
Además de las personas que han comenzado a relajarse, llama mi atención –como dije antes– la gente que simplemente no cree en el COVID-19. Ante ello, me parece que una labor fundamental es informar a la ciudadanía. A la fecha en que se escribe este texto (lunes 25 de mayo) han muerto en México 7,394 personas por coronavirus de acuerdo con los datos que publica la Secretaría de Salud federal. El pasado 20 de mayo fallecieron, tan solo ese miércoles, 424 personas. Cientos, cada día, son borrados de la faz de la tierra y muchos no lo creen o no lo saben. Pierde la vida gente que era madre, abuelo, hija o primo de alguien, y que en otras condiciones, en otro momento, no habría muerto.
Aún más inquietante es que las cifras estén subestimadas. Los diarios The New York Times, The Wall Street Journal y El País publicaron información que ponía en duda la cantidad de fallecidos reportada por el gobierno mexicano. El 14 de mayo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que “hay más decesos de los que se reportan diariamente por el Gobierno de México”. Precisó que ello se debe, sin embargo, no a un afán de ocultar información, sino a que hay quienes mueren sin haber sido sometidos a una prueba de COVID-19.
Me parece que el estudio más riguroso hasta ahora es el de Romero y Despeghel, publicado en la revista Nexos, mediante el cual identificaron en el registro civil de la Ciudad de México un exceso de 8 mil actas de defunción en los meses de abril y mayo en comparación con los mismos meses de 2016 a 2019, como reflejo de la expansión del coronavirus. Lo cual es cuatro veces más que lo reportado en la Ciudad de México por el gobierno (1,800 decesos).
Evidentemente no todo está mal. Muchos mexicanos han hecho un trabajo ejemplar. Esperemos que la triste suma de 8 mil muertes estimada por el propio gobierno para este primer brote de COVID-19 no sea rebasada. Pero, mientras tanto, seguirán vigentes estas preguntas.
