Los juicios políticos se están poniendo de moda en Sinaloa, primero el de Jesús Estrada Ferreiro, presidente municipal de Culiacán y ahora buscarán hacer lo mismo con Luis Guillermo Benítez Torres, alcalde de Mazatlán.
La demanda de juicio político encabezada por el Movimiento Amplio Social Sinaloense, detonó luego de aquel intento de desalojo con violencia que se llevó a cabo en Hacienda del Valle, hecho que también estalló en una investigación contra el secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, por no intervenir a favor de los actuarios, aunque al comandante de la SSPyTM ya se le venía investigando desde meses atrás, según.
Los principales argumentos del MASS son la violación a los Derechos Humanos de los desplazados por la violencia y colonos pobres del puerto, respaldados principalmente por las notas periodísticas de los diferentes medios de comunicación locales, e invitan a organizaciones civiles y ciudadanos en general a sumarse a la demanda por corrupción y falta de transparencia en el ejercicio de sus funciones.
Contra periodistas, medios de comunicación, funcionarios públicos, ex trabajadores del Ayuntamiento, músicos, comerciantes ambulantes, enumeró el dirigente Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, "el químico" se ha conducido de manera arbitraria.
Al munícipe y al secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zataráin esta posible demanda no les quita el sueño, pues seguros están que no va a proceder, porque no tienen razones de peso como para iniciar un proceso de esta magnitud.
Incluso Benítez Torres desacreditó al MASS diciendo que le gusta lucrar con las necesidades de la gente y González Zataráin aseguró que se han reunido numerosas veces con Gutiérrez Sánchez, mientras que éste ha señalado que el gobierno municipal nunca los ha recibido, les ha negado el derecho de petición.
De acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidades delos Servidores Públicos, son motivos de juicio: el ataque a las instituciones democráticas el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal; las violaciones a los Derechos Humanos; el ataque a la libertad de sufragio; la usurpación de atribuciones; cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales; cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios estados de la misma o de la sociedad o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones; las omisiones de carácter grave; las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal.
Si la resolución del juicio que se dicte es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución y podrá también interponerse una inhabilitación para el ejercicio de empleo, cargos o comisiones en el servicio público desde uno hasta veinte años.
En la agenda pública sigue calientito el tema de la compra de las lámparas LED por 408 millones de pesos por adjudicación directa y la gente le reprocha a su presidente municipal , tanto por el valor de cada uno de las lámparas cómo por las condiciones en las que están las colonias populares: sin alumbrado ¿será que toma fuerza esta demanda de juicio político?
