Culiacán. Sin-. Durante el Parlamento Abierto que organizó el Congreso del Estado para socializar la iniciativa de Ley que fue presentada en el 2019 de Protección para Periodistas y personas Defensoras de Derechos Humanos, participaron asociaciones de periodistas y representantes de diversos medios de comunicación, donde la demanda más sentida fue acabar con la impunidad y con la precariedad laboral en la que viven la mayoría de los comunicadores.
La primera en participar fue la presidenta de la Asociación Siete de Junio quien demandó a los legisladores que no busquen solo tomarse la foto, sino dar una verdadera protección a los periodistas “no permitamos un caso más”, dijo y advirtió que la violencia contra los periodistas es una realidad.
Por ello, señaló que se ha exigido mayores garantías de seguridad y protección, ya que Sinaloa no es la excepción debido a que desde el 2004 a la fecha han asesinado siete periodistas, y solo en un caso, dijo, el de Javier Valdez se ha esclarecido, todos permanecen impunes, ese es el principal problema.
Por su parte el presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, Juan Manuel Partida dijo que el periodismo es un gremio muy agraviado, al que se le insulta con el mote de mercenarios, calumniadores y traidores a la patria.
“Cuándo habíamos visto eso, es ofensa adicional la complicidad perversa de retórica demagógicas disimulan apoyos, pero eluden al principal responsable de la intolerancia y la persecución que sufrimos, todos sabemos quién es. El presidente de la república, todo el que comete delito debe de ser castigado incluyendo al presidente, gobernador, alcaldes y legisladores”, dijo.
El jefe de información de El Sol de Sinaloa, Martín Durán en su participación se enfocó en las iniciativas que están en el Congreso sobre el tema, al señalar que es muy necesario que se revise muy bien y a detalle los temas de medidas de protección a los periodistas.
“A veces en ese tipo de situaciones no ajustan las medidas o no se cumplen y el problema es que en las leyes necesita contemplarse bien cómo se va a ejecutar una medida de protección, una medida preventiva y que es una medida urgente”, dijo.
Destacó que se requiere que el articulado al momento de redactarse la propuesta y el dictamen se detalle todo eso, sin olvidar el tema sicosocial dentro del espíritu de la ley porque efectivamente periodistas que son sujetos de amenazas o agresiones, por lo regular terminan aislados cuando han sido extraídos por el mecanismo federal de cualquier estado del país, se quedan sin soporte.
“En el mecanismo federal conozco un poco cómo funciona porque estuve sujeto a él durante tres años, las evaluaciones de riesgo son muy malas y no determinan muchas veces el carácter de seguridad de periodistas y defensores, muchos colegas también enfrentan la poca empatía de los servidores públicos, todo esto se tiene que revisar cuando se redacte esta Ley, saber qué rol van a jugar las autoridades”.
Dijo que es necesario que se clarifique que incluyen estas medidas de protección porque se dan botones de pánico y que no sirven para nada, se asignan rondines policiacos a los domicilios de las personas que están bajo una protección y que además de no servir, ni siquiera se cumplen.
“Se necesita una revisión a profundidad de cómo se va a operar llámese instituto, comisión, que sea independiente de ciertas autoridades por el tema de seguridad a las personas de derechos humanos y a los periodistas”, indicó.
Dijo que una ley de periodistas y personas de derechos humanos estaría incompleta si no hay una regulación de la publicidad de la autoridad oficial porque siempre ha funcionado y servido como un método coercitivo de parte de las dependencias, de parte del gobierno o de un ente público para sujetar o coaccionar a medios de comunicación, periodistas para que sea más integral esa protección.
Igualmente, demandó que se revise el tema laboral porque vuelve blancos a las y los periodistas el tema de la precariedad laboral y de ahí se aprovechan una serie de situaciones justamente para reincidir en agresiones por parte de servidores públicos donde está documentado que el 60 por ciento de las agresiones vienen de entes del estado.
“Es muy importante que en estos tres puntos las medidas exactas de protección que se buscaría generar a partir de la posible creación de un Instituto con la aprobación de esta Legislatura.”, señaló
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