La falta de un proyecto de gobierno definido y la incapacidad no solo para identificar la raíz de los problemas, sino también para abordar su solución son elementos ya distintivos del gobierno de López Obrador.
Hay una severa disfuncionalidad no sólo en la división sino también en la colaboración de poderes y funciones entre las instituciones del Estado y aquellas pertenecientes a la sociedad civil. Es marcado el furor destructivo de las instituciones y la consciente merma de las capacidades administrativas de las mismas. Ni el discurso ni la acción gubernamental establecen como prioridad ni la necesaria reforma institucional –indispensable en esta etapa de transición política-, ni mucho menos se reconoce la importancia de que desde el ámbito estatal, sea el lugar desde donde se actualice la efectividad de los resultados de las instituciones y se puedan generar, paulatinamente, los procesos de socialización política que un Estado democrático requiere.
Más allá del gobernante providencial y carismático, se necesita un gobierno de instituciones. En Wikipedia encontramos que una institución es una organización establecida o fundada para desempeñar una función de interés público. Instituciones son tanto las principales agrupaciones que vertebran la vida social como cualquier otra organización o corporación pública o privada creada para desempeñar determinada labor económica, política, social, educativa, cultural, científica, etc. (familia, Estado, iglesia, escuela, partido político, club deportivo, sindicato, empresa, etc.). Así mismo, las instituciones son sistemas de índole social y cooperativa creadas bajo imposiciones legales, que procuran ordenar y normalizar el comportamiento de un grupo de individuos (que puede ser de toda una sociedad). Las instituciones trascienden las voluntades individuales, al identificarse con la imposición de un propósito considerado como un bien social, valioso para la comunidad. Por extensión, como instituciones de hecho, se tiene a los partidos políticos (reconocidos constitucionalmente), a los grupos de presión y a los sindicatos.
Por ello, un gobierno republicano y democrático tiene que presentarse como agente imparcial de la solidaridad colectiva, a diferencia de los grupos sociales, que no necesariamente deben guardar esa imparcialidad –sus demandas no siempre son generales-, por la heterogeneidad de su base social y por la coparticipación social en las decisiones que se manifiestan en la siempre más extendida contractualización de la ley, entre fuerzas políticas y fuerzas sociales.
Por otra parte, el poder de los gobernantes es un poder institucionalizado: "se pueden conocer las reglas que crean la institución y las que limitan su acción" y, si se separa de ellas, se reduce su legitimidad. De ahí que el modelo democrático no es una elaboración artificial de teóricos, juristas o politólogos, como lo pretendían los políticos conservadores en los años treinta del siglo pasado. Es el resultado de una larga evolución histórica desarrollada a través de varios siglos en Europa y, después, en América.
Puede decirse en este sentido, que las instituciones son el conjunto de las formas o estructuras fundamentales de organización social, tal como son establecidas por la ley o la costumbre de un grupo humano y son también –adoptando el criterio de Maurice Duverger* representaciones colectivas que se valoran y esa valoración constituye un elemento esencial de su eficacia. La legitimidad de una institución –es decir, su conformidad con el sistema de valores de un grupo dado- es uno de los fundamentos de su existencia.
Sin un programa o un método que aseguren razonables y eficaces resultados institucionales, junto con una élite política que practique los valores de una cultura democrática y desempeñe la necesaria socialización política, la sola educación cívica no puede cumplir con sus objetivos culturizantes. Los estudios al respecto muestran que el ciudadano altamente informado, con conocimientos apreciables sobre la política en general y sobre el sistema político en particular en el que vive, no responde hoy a la realidad del ciudadano común de las sociedades avanzadas. Por consiguiente, en esas sociedades, no existe ninguna incongruencia entre la existencia de un ciudadano medio, poco o escasamente informado y un sistema político democrático que suscita una valoración positiva mayoritaria y altas cotas de adhesión.
De este modo, las exigencias de la democratización pasan por la reforma institucional. Conservación, mejoramiento y desarrollo de las instituciones que tenemos en el país. La democracia y la efectividad del gobierno se encuentran bajo ataque al imperar de facto y no siempre de iure (por medio del derecho) las decisiones de un solo hombre instalado en el Poder Ejecutivo. En efecto, una realización completa de los principios denominados democráticos –como lo afirma Gianfranco Pasquino**- no requiere de una genérica “democratización integral” de la sociedad, sino de una concreta reorganización de las instituciones, que consienta la concurrencia político-electoral, que asegure la responsabilidad en las burocracias y la competencia entre los actores sociales. La estrategia democrática consiste así en la multiplicación y potenciación de los instrumentos de control sobre las instituciones, los frenos a los comportamientos desviados, que son al fin, los contrapesos disponibles para los ciudadanos democráticos.
*Maurice Duverger, Instituciones políticas y derecho constitucional, Ed. Ariel,Barcelona, 1988.
** Angelo Panebianco, Leonardo Morlino, Gianfranco Pasquino, et.al., Manual de ciencia política, versión esp. Pilar Chávarri, Mª Luz Morán y Miguel A. Ruiz de Asúa, Alianza Editorial, Madrid, 1988.
