Uno de los pilares de todo régimen democrático es el sometimiento de los actores políticos al imperio de la ley. La Constitución y las leyes que de ella emanan son el contrato social (Rousseau dixit) que estamos obligados a respetar todos los ciudadanos. Lamentablemente se ha hecho costumbre que el gobierno actual viole la ley impunemente y sin rubor. Con cinismo han confesado “a nosotros no nos vengan con el cuento de que la ley es la ley”. Ante estos violadores flagrantes de la norma jurídica, debemos unirnos todos para defender el régimen democrático construido por los mexicanos a finales del siglo pasado y que tanto esfuerzo, lucha y consensos requirió.
Una de las disposiciones jurídicas producto de la constante evolución del derecho electoral mexicano, es el artículo 134 constitucional, reformado en noviembre del 2007 con el objetivo de que los gobernantes de los tres órdenes de gobierno no desviaran recursos públicos para influir en la contienda electoral, asimismo para evitar que a costa del erario se autofinanciaran costosas campañas de promoción personal en los diferentes medios de comunicación.
Lo más irónico del caso es que la nueva redacción constitucional fue una exigencia del actual grupo en el poder, que desde “la izquierda” se decía víctima de un supuesto fraude en el 2006 debido según a la injerencia del Ejecutivo federal. También pesó en el ambiente reformista de ese año, tratar de contener el avance de algunos gobernadores que no ocultaban sus intenciones de promoverse rumbo a la contienda presidencial del 2012.
Finalmente, el citado artículo 134 constitucional in fine quedó en establecido de la siguiente manera:
“Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.”
Hago la invocación de este emblemático artículo de la Constitución federal, pues el gobernador del estado, el doctor Rubén Rocha Moya, ha sido sancionado por el Instituto Nacional Electoral (INE) con medidas cautelares por desviar recursos públicos con fines propagandísticos a favor de su partido y su candidata presidencial, utilizando burdamente la conferencia de prensa Semanera (y otras artimañas) para favorecer sus intereses políticos; olvidándose desde luego que su única obligación debería ser velar por el interés general y el bien común de los sinaloenses. Pero no le pidamos peras al olmo.
Dice la resolución del INE (04/ORD/29-01-24) sobre las expresiones del gobernador Rocha en la Semanera, que “este órgano electoral, bajo la apariencia de buen derecho, considera que se trata de una publicación que atenta contra el principio de imparcialidad en la contienda, pues es realizada en las redes sociales del Gobierno del Estado de Sinaloa y en el que difunde propaganda electoral a favor de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo”. Asimismo, “se arriba a la conclusión de que la publicación del video denunciado encuadra dentro de la categoría de propaganda electoral, en términos de lo dispuesto en el artículo 242, párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”.
Si bien es correcta la intervención de la autoridad electoral para bajar de las redes estos pronunciamientos ilegales del gobernador, lo cierta es que no creemos que inhiba su conducta ni su proclividad a violentar el marco jurídico. Precisando que la falta sancionada se suscitó el 13 de noviembre y de entonces a la fecha más bien se ha intensificado ese “estilo personal de gobernar”.
Por eso también se le solicitó al INE, bajo la figura de “tutela preventiva” se le ordenará al gobernador se abstuviera de realizar cualquier acto, expresión, comentario o alusión sancionada por el artículo 134 constitucional, petición denegada según el INE por tratarse de “hechos futuros de realización incierta”, lo cual se demuestra una semana y otra también que es falso y tenemos la razón, pues con mucha certeza reincide descaradamente.
El gobernador de Sinaloa no es una persona fiable. No es un demócrata, viola la Constitución, no respeta la ley, ni tiene palabra ni es honorable. Sinaloa se merece una mejor realidad y un futuro con esperanza. En la democracia tenemos el instrumento para cambiar las cosas y sancionar la gestión de gobierno. Este año tendremos dos opciones en la boleta: el autoritarismo empobrecer del gobierno o un cambio con seguridad y desarrollo. Un México distinto es posible. Vayamos masivamente a votar. ¡Claro que se puede!
05/Feb/2024.
