Uno de los impactos sociales que ha dejado la pandemia por COVID-19 en México ha sido el incremento de personas migrantes que intentaron llegar a Estados Unidos de Norte América, pero en su búsqueda llegaron hasta la frontera de México.
De acuerdo al Mapa de Estadísticas de la Secretaría de Gobernación se tienen registrados en 2021 más de 25 millones de eventos de entrada de personas al país y casi 2 millones de acciones de protección a migrantes consistentes en la orientación, rescate y asistencia social, lo que visibiliza una clara necesidad de atención social, jurídica, educativa, ambiental, humana, en salud y vivienda.
Asimismo, un dato relevante de esta dinámica fronteriza es la situación que atraviesa la niñez, adolescencia y juventud, pues en 2022 se ha registrado un incremento del 71% más frente al 2021, de menores que se movilizaban solos para llegar al encuentro con sus padres.
Conforme al artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos “toda persona tiene derecho a entrar a la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto y otros requisitos semejantes”; es por ello, que todas las personas que no logran ingresar a Estados Unidos de Norte América la gran mayoría deciden residir en México, en virtud de que para su ingreso no se requiere documento alguno para su ingreso, pero su para el desarrollo de actividades económicas.
Por mandato constitucional los derechos como la salud, educación, medio ambiente, trabajo deben estar garantizados para quienes somos originarios de este país y quienes llegan a radicar en territorio nacional, de aquí la importancia de que las instituciones analicen los comportamientos socioeconómicos, culturales, ambientales y jurídicos que ocurren en las fronteras, porque una parte importante de estas personas llegan a radicar en los Estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo y Yucatán.
Es por ello que resulta muy relevante que la Universidad Nacional Autónoma de México después de más de 110 años de su creación consolide la Estación Noroeste de Investigación y Docencia en la Ciudad de Tijuana en Baja California, pues esta frontera es la más transitada del mundo. La unidad formará doctores en derecho que además de conocer las teorías del derecho, palpiten la dinámica fronteriza de estos supuestos jurídicos que acontecen en Tijuana.
Ese recinto permitirá formar expertos que todos los días escuchen la situación migrante que vive el país, ya que a través del servicio gratuito de clínica jurídica llevarán a cabo investigaciones jurídicas sobre las problemáticas fronterizas y sostendrán una interacción con el Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas.
La Estación Noroeste de Investigación y Docencia de la UNAM representa la oportunidad para que se generen investigaciones en sitio en temas como el agua, la igualdad, medio ambiente, electricidad, salud, educación, servicios públicos, entre otros y estará a cargo del Dr. Juan Vega Gómez.
Sinaloa, a pesar de que durante mucho tiempo se caracterizo por ser una de las Entidades Federativas que más personas emigran, hoy también recibe a niñas, niños, adolescentes y jóvenes migrantes de centro américa y el caribe, es por ello que el mes pasado Florentino Castro López comisionado de la Junta Directiva de Mejoredu (Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación) dio a conocer que en el Estado se concentran más del 50% de las escuelas que atienden a niñas, niños, adolescentes y jóvenes migrantes mexicanos.
Sinaloa, es uno de los tres Estados junto con Sonora y Baja California que reciben la mayor migración de menores en el país, lo que representa un reto para que las Entidades Federativas puedan brindarles el acceso a sus derechos humanos.
Los puntos resolutivos de este análisis son:
*La UNAM una vez más consolida su compromiso social en la formación de juristas que contribuyen en las políticas públicas del país.
*Sinaloa, será precursor en la atención de la niñez migrante con las políticas públicas propuestas por el Comisionado para la Mejora Continua.
*Es derecho constitucional, la entrada y salida de la población en el país.
