Culiacán, Sin.- Sin un argumento legal que funde y motive las acciones encaminadas a afectar el patrimonio económico, la Secretaría de Educación Pública y Cultura mandó retener el pago de dos quincenas a un total de 125 trabajadores, bajo el argumento de que sus plazas y horas están siendo investigadas.
Sin embargo, los quejosos aseguran que no fueron notificados y el castigo contra ellos tiene más tintes políticos que una situación irregular en la asignación de sus empleos.
También te puede interesar: Se manifiestan maestros y estudiantes de la preparatoria Rafael Ramírez por falta de pago
Los sueldos retenidos son los correspondientes a las quincenas del 30 de marzo y 15 de abril, quincena adelantada debido a las vacaciones.
"De estos casos unos son de nuevo ingreso y otros son de ascensos en sus plazas, aquí el problema es que tanto Gobierno como la Secretaría de hechan la bolita uno al otro", apuntó una de las personas afectadas.
De parte de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y Finanzas se dijo que fue la Sepyc la que pidió enviar los pagos bajo su custodia, ya que están investigando.
"Nadie da una explicación al respecto, esto que están haciendo es ilegal, retener el sueldo es ilegal, dicen que están investigando pero tampoco nadie sale a dar la cara ni un oficio ni nada", por puntualizaron los quejosos.
Con la esperanza de resolver algo, precio al periodo vacacional, algunos de los afectados acudió a presentar sus constancias de trabajo en los centros que laboran, pero nadie les dió una respuesta.
Se trata de empleados con plazas administrativas, como intendencia, oficiales administrativos y prefecturas, así como horas EDP18 de Enseñanzas Especiales que no son ofertadas por USICAMM, las cuales se pueden trabajar administrativamente de acuerdo con las minutas.
Inhumano dejar sin salario sin debido proceso
"Es inhumano que dejen sin sueldo a los trabajadores sin darles una explicación seria, dejando en la indefensión a los empleados y a sus familias porque lo hacen ahora que empiezan las vacaciones, afectando la situación económica de todas estas familias", señalaron.
Cuando acudieron con Juan Carlos Vizcarra de la subsecretaría de Administración de la SAF, mandó decir que fue orden de Sepyc retener los pagos.
Quien envió el oficio fue Carlos César Castro, coordinador administrativo de Sepyc, quien explicó en dicho documento (al cual no tuvieron acceso los afectados, se los dijeron de palabra) que el personal estaba siendo investigado.
Todo apunta a que la cacería de brujas al interior de la dependencia dirigida por Graciela Domínguez Nava continúa, toda vez que estas plazas fueron autorizadas por el ex subsecretario de Educación despedido, Horacio Lora.
Sin embargo, la autorización para la alta fue operada por Administración de Gobierno del Estado, pero lo que ocurre es que, sin que lo digan, Domínguez Nava pretende sacudir a todos aquellos que sean del grupo de Lora, politizando un tema meramente de trabajo.
"No se tratan de plazas irregulares toda vez que son operadas por la subsecretaría de Administración de Gobierno, estas no van a concurso y se entregan por reglamento a través de la Subsecretaría de Educación. Los empleados afectados tienen sus constancias de los directores donde trabajan, no son aviadores ni gente política, es gente que entró a trabajar bien", comentó una fuente.
Caso contrario
Diferente de los empleados afectados, quien sí fue beneficiaria de todas las facilidades por parte de la secretaria de Educación Pública, fue la diputada Almendra Negrete Sánchez, quien por más de un año cobró su plaza de docente sin que nadie la molestara.
Aunque Graciela Domínguez aseguró hace unas semanas que Negrete estaba tramitando un permiso sin goce de sueldo, se desconoce si en efecto lo hizo o continúa subcontratando a docentes que le cubran su trabajo, de manera irregular.
