Mazatlán, Sin.- El ex director del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, José Ángel Tostado Quevedo, ha sido inhabilitado por el Órgano Interno de Control al no reportar a tiempo la situación financiera de la paramunicipal.
Rafael Padilla Díaz, titular del OIC, informó que la inhabilitación es por solo tres meses, aunque no confirmó a partir de cuándo inicio.
También te puede interesar: El Carnaval de Mazatlán 2022 fue el más caro de la historia: costó más de 73 millones
"Sí, si hay inhabilitación, por tres meses, la fecha no sabría decírsela, pero está, esta fue por el asunto de no informar a los regidores del Carnaval, ya ve que el reglamento de Cultura obliga a dar un informe detallado, fue ese, es algo que denunciaron los regidores".
Antecedentes
En el mes de julio, los regidores del H. Ayuntamiento de Mazatlán denunciaron ante el OIC a Tostado Quevedo por presuntos hechos que pueden consistir en faltas graves.
Los actos que se presumen como faltas, radicando en diferentes omisiones en su carácter de director general del Instituto de Cultura y como secretario técnico del Consejo de Administración.
El ex funcionario municipal no presentó ante el Consejo de Administración el informe mensual de las actividades relacionadas con el Carnaval, ni los estados financieros del Instituto cada bimestre.
Tampoco el preliminar de los estados financieros del Carnaval, el cual debe ser 30 días hábiles posteriores a la fecha del término de la máxima fiesta porteña, y los estados financieros definitivos, que debieron presentarse en los 30 días hábiles subsecuentes.
También se le acusó de no supervisar el cumplimiento de los objetivos del instituto y del Carnaval, ni revisar los reportes de evaluación del Carnaval. Además de que presentó con anticipación los estados financieros correspondientes al primer trimestre del 2022 durante la tercera sesión ordinaria del Consejo Administración, celebrada el pasado 11 de mayo del 2022.
Para saber
La inhabilitación es una sanción contra el funcionario o servidor público, implica la pérdida de su capacidad legal para el desempeño, funciones, cargos o comisiones en el ámbito de la función pública.
