Mazatlán, Sin.- El director de Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Gustavo Rojo Navarro, describió el acuerdo o convenio que pretenden realizar el Ayuntamiento de Mazatlán con la empresa Nafta Lubricantes como “un cheque en blanco”, pues de acuerdo a la propuesta de pago emitida por el Cabildo el pasado 22 de julio, hay cuando menos 8 irregularidades graves.
Entre estas inconsistencias se encuentra que el dictamen indica que el Ayuntamiento ha dado a Nafta 18 millones de pesos a cuenta de la deuda, sin embargo, sólo hay evidencia de 3 pagos mensuales por 5 millones de pesos cada uno que se entregaron en marzo, mayo y junio.
Con respecto a los terrenos propiedad del Municipio, que se busca entregar como abono a la deuda, sólo se cuantifica 2 de los 3 predios que se pretende dar como parte del pago.
Asimismo, se oculta información de los predios: en uno de los casos no se pone la ubicación ni cuánto mide ni cuánto es su valor comercial, sólo se menciona un evalúo.
También refiere que el Municipio pretende pagar con recursos propios a Nafta por concepto de permisos, gestiones y trámites en materia presupuestal, que podría incluir condonación de impuestos, pero no establece el monto a disminuir del adeudo por esta condonación.
El documento obliga al Municipio a pagar intereses moratorios por el orden del 3% mensual del adeudo total si caen en un retraso de más de 3 meses en el pago, pero no tiene fecha de terminación. Se aclara que el convenio comenzará a surtir efectos a partir de la fecha de firma y continuará vigente y surtiendo efectos legales hasta la totalidad del pago de la deuda.
Las partes acuerdan que el monto base de la deuda es de 141 millones 802 mil pesos, menos el valor de los inmuebles que en dación en pago se reciben 33 millones 643 mil 426 pesos y los pagos que a manera de abono se han hecho, que asciende a 18 millones; es decir, un total de 90 millones 158 mil 573 pesos a pagar.
El acuerdo establece que el monto base podrá variar conforme se den compensaciones o se otorguen más inmuebles adicionales como dación en pago.
“Nosotros no estamos en contra de que el Ayuntamiento cumpla con un mandato de un juez, la deuda se tiene que pagar porque así lo determinó un juez, las formas son las que no estamos aceptando”, expresó Gustavo Rojo.
Dijo que uno de los predios que pretende entregar el municipio, en el que aparece sólo la clave catastral 011-000-012-112-001-001, fue producto de una enajenación a título gratuito, es decir, una donación de parte de Aeropuerto y Servicios Auxiliares que incluye en su decreto que no pueden ser utilizados para fines distintos de los que fueron solicitados, y que fue con fines recreativos.
Uno de los artículos del propio decreto refiere que si no se usan los terrenos con ese fin recreativo, gobierno federal puede recuperar el terreno aunque ya exista alguna construcción y eso representaría un grave problema para el Ayuntamiento porque puede recibir otra demanda.
“No estamos en contra de que se pague, tiene que pagar, si no estarían incumpliendo y tendrían consecuencias legales si no lo hacen, pero que lo hagan de la mejor manera, que busquen soluciones que sí sean las mejores para el ayuntamiento y la sociedad”, apuntó.
Rojo Navarro comentó que la única demanda que existe sobre el caso Nafta, es la que presentó Observatorio Ciudadano ante la Auditoría Superior de Sinaloa, en la que están implicados 17 servidores públicos y ex funcionarios de tres administraciones.
Tanto el gobierno municipal como el Órgano Interno de Control, agregó, debería de investigar y denunciar los hechos para que no sólo sea el municipio el que pague dicha deuda, sino también los responsables de esta demanda que se perdió por emitir un permiso de construcción de una gasolinera donde no se debía, y no atender el caso desde que se presentó la demanda en el año 2014.
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