El mundo ha sido testigo del terrible escenario dantesco que se vive en Sinaloa, donde los derechos humanos se extinguen principalmente para las mujeres y sus hijas e hijos que son violentadas, asesinadas y olvidadas en los campos agrícolas.
Esto es una tragedia, hay que decirlo, las familias jornaleras que viven en las cuarterías o las galeras de los campos agrícolas lo hacen en situaciones infrahumanas, se amontonan en cuartos insalubres en una condición de abandono del estado, por eso indignan los discursos huecos y el turismo burocrático que realizan funcionarios del estado para aparentar una fachada de acciones que no cambian su realidad.
Los datos nacionales ya nos han venido alertando de esta situación, y tan solo en las cifras publicadas de CONEVAL este 2023 nos mostraba que 2 de cada 5 niñas, niños y adolescentes en el país vivían en situación de pobreza o con carencia por servicios de salud y que entre 2020 y 2022 esta carencia había incrementado.
Es inadmisible la muerte de bebés recién nacidos por deshidratación, desnutrición o neumonía, como en la temporada agrícola anterior, en la que una niña de nueve meses de edad que murió mientras dormía enferma junto a su madre en una cobija tendida en el suelo y en esta temporada agrícola que recién inicia, un bebé de un mes falleció por paro respiratorio en los brazos de su madre de trece años, indígenas originarios de Chihuahua.
Suman cuatro niños fallecidos, hijos de jornaleros, en la actual temporada según reportes periodísticos. Tres niños fallecidos en las cuarterías de la sindicatura de Ruiz Cortines y el bebé fallecido este sábado 27 de enero en las cuarterías de Juan José Ríos. Ahí también fue el caso de una niña sumergida en las aguas de un canal por su propia madre quien sepultó su cuerpo en forma clandestina, para que ya no sufriera de hambre.
Es un entorno donde la esperanza se olvida y el dolor se hace presente, donde mujeres, niñas y niños, son violentadas, asesinadas y olvidadas en los campos agrícolas. Ni siquiera hay datos suficientes para hablar sobre los feminicidios en el contexto de las cuarterías, como en Juan José Ríos, que muchas veces ni siquiera se registran.
La Red por los derechos de la infancia en México (REDIM) mostraba el aumento de entre 2021 y 2022 en el número de hospitalizaciones de personas entre los 1 y 17 años por violencia tipo familiar, sexual, física, abandono o negligencia. Es decir, poca voluntad política para priorizar el llamado interés superior de la niñez traducido en presupuesto y prioridad en la agenda estatal y nacional.
El hospital sería un privilegio si es que les abren la puerta: a finales de 2023 una mujer indígena originaria de Oaxaca tuvo que parir en un baldío en Ruiz Cortines, Guasave, al negarle la atención la Clínica del IMSS de Guasave.
Esto fue en noviembre de 2023 y el Secretario de Salud Cuitláhuac González Galindo justificó que no fue atendida porque acudió a un Centro de Salud y en estas instituciones no se atienden partos, a lo que el gobernador Rubén Rocha lo amonestó en conferencia de prensa le dijo: “El médico debió atender a indígena embarazada en Cortines, no hay justificación”.
De las cuarterías hay mucho que decir más allá de la protección de las y los menores, porque el infierno está ahí, y debemos agregarle la explotación, el hostigamiento y la discriminación de las personas que lo viven diariamente y subrayar la postura de un gobierno revictimizante y omiso que los considera por lo menos como un problema o en su desgracia como delincuentes. A esto, como dice la máxima: Ni Perdón Ni Olvido…
