Ya casi se cumplen las dos terceras partes del sexenio lopezobradorista, cuya principal política pública ha sido el combate a la corrupción y la impunidad, bajo la consigna de que “la corrupción se barre como las escaleras: de arriba para abajo”. Sin embargo, las escaleras de abajo tendrán que limpiarse con la colaboración de las y los ciudadanos, pues la sola voluntad del Ejecutivo federal no será suficiente. Menos, entre más se acerca el final del sexenio.

La gran tarea es heredarle al país instituciones fuertes y sólidas que continúen la tarea de erradicar la corrupción. Por ello se busca crear la Ley de Protección a Personas Alertadoras y Denunciantes de Hechos de Corrupción, para promover la cultura de la denuncia y garantizar las medidas de protección en el ámbito federal a las personas que decidan, por su propia voluntad, presentar una alerta o una denuncia por un posible hecho de corrupción del que hayan sido testigos o del que tengan conocimiento.

En este país hemos tenido grandes escándalos recientes como el de Odebrecht y la llamada Estafa Maestra, de los cuales solo hemos sabido por tratarse de casos mediáticos y expuestos ante la sociedad, sin embargo, según datos del Inegi, aproximadamente 9 de cada 10 delitos relacionados con la corrupción no se denuncian. Por eso se busca asentar una cultura de la denuncia por hechos de corrupción en nuestro país, pues esta ley articularía a las distintas dependencias y organismos de la Administración Pública Federal, así como de los poderes Legislativo y Judicial, para crear un Sistema Federal de Alerta de la Corrupción y de Protección a Personas Alertadoras y Denunciantes.

En el Senado de la República se busca definir, en términos legales, el concepto de alerta en materia de corrupción, el cual sería entendido como la información proporcionada por una persona física o servidora pública que indique la posible comisión de un hecho de corrupción por parte de una persona del servicio público; y estableceríamos que el proporcionar este tipo de información conlleva respectivas acciones de protección por parte de las autoridades.

Actualmente no existe un ordenamiento jurídico específico enfocado en las personas alertadoras de corrupción. Es necesario fomentar la presentación de información sobre posibles hechos de corrupción a través del establecimiento de un sistema federal efectivo que brinde seguridad a las personas. En este sentido, se propone también la creación de un Registro Federal de Protección a Personas Alertadoras, desde donde se gestionarían las medidas de protección adecuadas hacia las personas que hayan presentado alertas que hayan sido vinculadas con un posible hecho de corrupción.

Diversas organizaciones internacionales han insistido desde hace algunos años en la necesidad de que los gobiernos promuevan derechos y medidas para proteger a las personas que tienen el valor de denunciar la corrupción, y muchos países ya cuentan con leyes específicas en la materia que han funcionado en el eje de la prevención y contribuido a exponer casos y esquemas de desvío, cohecho y soborno que de otra manera seguirían ocultos por las autoridades.

Ha habido importantes esfuerzos previos sobre este tema en el ámbito legislativo, como los realizados en la LXII Legislatura por parte de distintos senadores, donde se consideró incorporar el tema de la protección a denunciantes en la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Asimismo, en el actual gobierno, la Secretaría de la Función Pública ya ha puesto en práctica una plataforma de alertadores internos y externos, sentando las bases para que la alerta ciudadana sea reconocida por las autoridades. Estos esfuerzos, así como los de los organismos internacionales que han impulsado este tema, han servido también para reafirmar la necesidad de contar con un marco jurídico en materia de protección.

En México sigue siendo una urgente necesidad el promover y fortalecer la cultura de la denuncia sobre la corrupción. La más reciente Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021 arrojó una tasa de 14 701 personas por cada 100 000 que experimentó un acto de corrupción, una cifra que hace evidente que venimos arrastrando un problema que se descuidó y se profundizó en gobiernos anteriores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, con su amplio conocimiento de los problemas del país, se ha pronunciado como ningún otro mandatario sobre el nivel de prioridad que se debe de dar al combate a la corrupción y a la importancia de la participación ciudadana. Como ningún otro gobernante en el mundo, ha combatido ampliamente los actos de corrupción, pero como decíamos, no basta la voluntad de un honesto y ejemplar gobernante. El reto es el establecimiento de la cultura del combate a la corrupción en todos los planos, para restaurar la confianza de la ciudadanía en el quehacer gubernamental.

Es tiempo de proteger a los ciudadanos y a las ciudadanas valientes. Erradiquemos juntos la corrupción.