Las políticas públicas importan. Y mucho. En teoría, son fuente de beneficios para un país y sus habitantes, favoreciendo el crecimiento y el progreso general o, en caso de no fincarse en evidencia científica, una racionalidad en los modos de intervención o no responder a demandas auténticas de la generalidad de la población, se convierten en una auténtica pesadilla que no solamente no impacta positivamente, sino que causa severos perjuicios cuantificables en los presupuestos y finanzas públicas, empobreciendo al país incluso por generaciones. Una política pública es el programa de acción de una autoridad pública. Las políticas públicas no se producen en el vacío: no sólo nos informan del ambiente socioeconómico, sino también del Estado. Son los indicadores de la naturaleza y del funcionamiento de la máquina gubernamental, y por eso caben aquí las preguntas: ¿Tienen importancia las políticas públicas? ¿Las políticas públicas determinan la política (concebida la política pública como determinada, en su forma y su contenido, por las instituciones, los actores políticos, la actitud de los gobiernos y de los gobernados, etc.)? ¿O es la política (la ideología, los recursos, en donde la política pública se considera como una variante independiente que influye en el contenido y las formas de la política, las elecciones, los debates y los discursos ideológicos, etc.) la que determina a las políticas públicas? El nacimiento del Welfare State o Estado de Bienestar (el término aparece en 1941, en la Gran Bretaña en guerra, por oposición al Warfare nazi) se produce durante la segunda guerra mundial, con el desarrollo y la generalización de las intervenciones del Estado. Sus modos de intervención y la importancia de los recursos en juego modificaron la naturaleza del Estado y de las relaciones sociales, como lo habían comprendido sociólogos como Weber o Durkheim, economistas como Keynes y políticos como Churchill y Beveridge o los constituyentes franceses, alemanes o italianos de la posguerra. En esa época, se empieza a reflejar la importancia de las políticas públicas con el Plan Beveridge de 1942, que postulaba que los británicos se consagrarán tanto más al esfuerzo de guerra cuanto sientan que su gobierno prepara un mundo mejor (implementando buenas políticas públicas).
En nuestro país, la mayoría de los mexicanos se consagran al esfuerzo, pese a la crisis global vigente, pero sin sentir que nuestro gobierno prepara mejores condiciones para desarrollarnos. La mayor eclosión migratoria hacia los Estados Unidos después de décadas en que el índice bajaba, da cuenta de ello. Estancamiento económico, inflación cercana ya a los dos dígitos, índices de pobreza en aumento desorbitante. Como era previsible, el plan para contener la inflación del gobierno no sirvió para mucho. Tanto la canasta alimentaria rural como la urbana tuvieron un fuerte repunte en junio, según datos del Coneval: la rural aumentó de 12.0 a 12.7%, la urbana de 11.4 a 12.2%. Además, salida de capitales histórica, disminución relevante de la inversión privada, nulo crecimiento y por lo mismo bajos ingresos tributarios.
Unas de las políticas públicas más importantes de este gobierno, relativas a la energía, los hidrocarburos y las inversiones, por su irracionalidad, falta de consenso político y social, ausencia de evidencia científica para su creación, anunciaba desde los inicios del sexenio, nubarrones de conflicto. Hace unas semanas, la agencia Standard and Poor’s (S&P) ratificó la calificación de la deuda soberana de largo plazo de México en moneda extranjera y local en BBB y BBB+, respectivamente, y además mejoró la perspectiva de negativa a estable, sin embargo, la calificadora advirtió que retrocesos inesperados en la gestión macroeconómica o en el diálogo entre los socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sobre la cadena de suministro y los vínculos transfronterizos, podrían debilitar la inversión y la confianza en nuestro país, lo que podría llevar a una rebaja en la calificación en los próximos dos años. Por su parte, la otra calificadora Moody’s baja calificación crediticia de CFE, pero continúa en grado de inversión. La calificadora bajó un peldaño la nota de Pemex a B1 desde Ba3, con perspectiva ‘estable’, lo que indica que la petrolera está en terreno altamente especulativo (sus activos no garantizan la seguridad de retorno ni tampoco aseguran el beneficio esperado por las inversiones realizadas), y advirtió que la necesidad de apoyo recurrente y sustancial a Pemex está erosionando la fortaleza fiscal del país. Laura Sima, directora de la oficina del Departamento de Energía en la Embajada de Estados Unidos, afirmó que México no puede tener éxito si se mantiene con opacidad y falta de certeza en ambientes de inversión y regulatorios y condenó las medidas del gobierno mexicano en el sentido de aplicar políticas públicas que retrasan o niegan los permisos para la inversión privada al argumentar que inversionistas tienen que “tener reglas claras” y que los retrasos del gobierno mexicano “están evitando la participación extranjera en el sector energético, y esto es para limitar competencia a las empresas propiedad del gobierno (Pemex y CFE), específicamente petróleo y gas”.
La tormenta que se viene. Estados Unidos solicita consultas para resolución de controversias comerciales con México -Canadá se sumará a la demanda-, en el marco del T-MEC, relacionadas con ciertas medidas tomadas por México sobre energía en detrimento de empresas estadunidenses, bajo el Panel establecido bajo el capítulo 31 de Solución de Controversias del T-MEC. Las consultas se relacionan con medidas tomadas por México que, según Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, socavan a las empresas estadounidenses en México a favor de crear un monopolio de Pemex y la CFE. Los cambios de política afectan los intereses económicos estadounidenses en múltiples sectores y “desincentivan la inversión” tanto de proveedores de energía limpia como de firmas que buscan adquirir energía renovable. Las acciones motivo de controversia incluyen, entre otras, enmiendas a la ley de electricidad de México que priorizarían la distribución de energía generada por CFE sobre fuentes de energía más limpias proporcionadas por proveedores del sector privado, como la eólica y la solar, así como que exige que la CFE tenga prioridad sobre los proveedores de energía privados en el despacho, o cuando las plantas entren en funcionamiento.
Estas políticas públicas ideologizadas del gobierno de López Obrador, violatorias de la Constitución y del T-MEC, van a ser combatidas en tribunales internacionales con una muy alta probabilidad que nuestros socios demandantes ganen la controversia, con un muy alto costo financiero, económico y comercial para el Estado mexicano, para todos los mexicanos, no para el gobierno ni para López Obrador. Salen caras las malas políticas públicas.
