No hay una política de seguridad en México. Tampoco le importa al gobierno tener una y que sea efectiva. El derecho a la vida es el bien jurídico máximo del que deriva el ejercicio de todos los demás derechos fundamentales. El presidente prevarica con las obligaciones de su gobierno al respecto. Miles de mentiras han sido dichas sin recato en lo que va de su sexenio y con sus palabras juega siniestramente a la ruleta rusa con la vida de los demás. Nuestro país, de acuerdo con un informe de Reporteros Sin Fronteras, es el país con mayor letalidad en este 2022 para los periodistas (12), incluso por encima de Ucrania que se defiende de la guerra de invasión rusa a su territorio, desde principios de este año. En los dos meses más sangrientos del año (octubre y noviembre) la violencia ha dejado en México 4,803 homicidios. De acuerdo a Reporteros Sin Fronteras, “la convivencia entre las autoridades y el crimen organizado constituye una grave amenaza contra los periodistas y se hace sentir en cada eslabón del sistema judicial. Los profesionales que cubren temas sensibles relativos a la política o al crimen, especialmente a nivel local, padecen advertencias y amenazas, cuando no son simple y llanamente asesinados. Otros, son secuestrados y no aparecen nunca más u optan, para salvar la vida, por huir al extranjero. El presidente López Obrador no ha emprendido aún ninguna de las reformas necesarias para poner freno a la violencia y la impunidad que se han instalado en el país. Desde el año 2000, han sido asesinados más de 153 periodistas en México”.
Fundada en París en 1926, la Federación Internacional de Periodistas es la portavoz de los periodistas en el sistema de Naciones Unidas y en el movimiento sindical internacional, representa a 600 mil profesionales de medios de comunicación en 187 sindicatos, federaciones y asociaciones de más de 140 países. La FIP llega a iguales conclusiones que Reporteros Sin Fronteras afirmando que en México la violencia que viven los comunicadores es igual o más alarmante que la de un país en guerra de invasión como Ucrania.
El 15 de diciembre, el muy conocido periodista Ciro Gómez Leyva fue víctima de un atentado contra su vida en la Ciudad de México. A tiros. Salvó la vida gracias al blindaje de su camioneta. A pesar de los llamados internacionales de las organizaciones de periodistas, López Obrador no ha cesado de estigmatizar e insultar no solo a Gómez Leyva, sino a todo el gremio periodístico e intelectual que no lo alaba. Después del grave atentado de sicarios profesionales al periodista, dijo que no dejará en manos del “hampa del periodismo” la información, que por eso él tiene la mañanera para “informar sobre sus asuntos sin mentiras” al pueblo, y, a los 177 periodistas, entre reporteros, editores, moneros y articulistas que firmaron una carta abierta en la que le exigen que cese lo que llamaron "hostigamiento" contra periodistas críticos, les difamó al calificarlos que “son puros periodistas del régimen”, qué él no polariza, sino que politiza (así se reafirma en el hostigamiento), y que “lo va a seguir haciendo en bien del pueblo”, porque no les va a dejar el derecho constitucional a la información a los periodistas. Es decir, él decide qué es el derecho a la información y cómo los demás ciudadanos deben ejercerlo a través de sus peroratas y sermones. Esos 177 periodistas, de muchos medios de comunicación en todo el país, han puesto de manifiesto la esquizofrenia presidencial y los dichos del presidente, en el sentido de que el ataque –según López Obrador- pudo ser “para desestabilizar su gobierno y aún, que no descartaba se tratara de un atentado”: "prácticamente todas las emanaciones de odio hacia los periodistas –se lee en el comunicado de los 177- se incuban, nacen y se esparcen en Palacio Nacional".
“Los periodistas necesitan protección, no ataques de las autoridades”, declaró esta semana Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y pidió al gobierno mexicano cumplir con su obligación de garantizar su seguridad. “De lo contrario -remata-, no solo contribuye a la autocensura, sino que fomenta la violencia contra los medios”. La respuesta de López Obrador es la negación, la confrontación y una nueva retahíla de mentiras.
Y es que hay quien ingenuamente se engaña o premeditadamente se deja engañar. Al hablar sobre la “falacia del que se ensalza a sí mismo (o del auto bombo)”, el liberal londinense del siglo XIX Jeremy Bentham* afirmaba que “para atribuir a éstos que se ensalzan a sí mismos la más pequeña partícula de la virtud que a grandes voces dicen poseer, no hay más motivo racional que para considerar buen hombre al actor porque hace bien el papel de Otelo, o malo porque representa bien el de Yago. Tiene, al contrario, un interés más exclusivo y decidido en prevalerse de este medio que el hombre de verdadera probidad y sentimiento por el prójimo. El hombre virtuoso, siendo como es, puede esperar que se le reconozca como tal; mientras que el que se ensalza, no pudiendo confiar en esto, todo lo fía al efecto conjunto de su propia desfachatez y de la imbecilidad de sus oyentes […] Pues si alguna máxima política es más segura que las demás, es que no hay grado de virtud en el gobernante que aconseje a los gobernados prescindir de buenas leyes y buenas instituciones”. Sin respeto por el Estado de Derecho y desmantelando las instituciones de seguridad por una militarizada Guardia Nacional que ha probado su ineficacia, no hay futuro para vivir en paz y resguardar y proteger la vida.
Con el atentado a Ciro Gómez Leyva, López Obrador se dice víctima; a la verdadera víctima le siembra la sospecha de un “auto atentado”; los hechos violentos son ejecutados por conspiradores para desestabilizar su gobierno y toda la narrativa se erige en propaganda al servicio de la demagogia. Todo esto se parece mucho a la falacia que Bentham llama “El escudo de prevaricadores: Quien nos ataca, ataca al gobierno”, refiriéndose a la imprudencia o falta de probidad de quienes, haciendo elogios vanos y sin fundamento de sí mismo como gobernante o de otros en posiciones de poder, “tratan de extender su propio poder y poner al abrigo de toda averiguación el mal proceder de sus agentes”, con el fin de que todas las personas que participan y aprovechan del mal gobierno continúen haciéndolo sin estorbo, con el resultado de que “el castigo no caería sobre el que delinque, sino sobre el que se queja del delito”.
*Jeremy Bentham, Falacias políticas, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1990.
