El estado de Sinaloa es el primero a nivel nacional en presentar un plan piloto para el retorno de víctimas de desplazamiento forzado a sus hogares, así lo anunció la titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, María Inés Pérez Corral.
Esto luego de reunirse con el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, a quien le presentó el plan piloto para un retorno seguro de las familias a sus hogares.
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El plan se ejecutará en la comunidad de Tepuche, en el municipio de Culiacán, donde al menos 50 familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia que generaron grupos armados hace más de dos años.
“Le informamos (a Alejandro Encinas) que vamos a aplicar el nuevo plan de retorno, que se aplica por primera vez en México, plan de retorno a víctimas de desplazamiento forzado interno, va a ser en Tepuche, lo va a inaugurar por instrucción del Gobernador, nosotros ya estuvimos trabajando con cada una de las poblaciones que retornan y ya tenemos las necesidades”, declaró María Inés Pérez Corral.
El equipo de Sebides estuvo presente en el taller sobre los principios rectores del desplazamiento interno y su influencia en México, organizado por la Unidad de Políticas Migratorias de la Secretaría de Gobernación y la ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, en el marco del 25 aniversario de la publicación de estos principios rectores.
En este taller se intercambiaron experiencias para apoyar a los desplazados, donde quedo plasmado que Sinaloa va a la vanguardia en la aplicación de la ley estatal de desplazamiento forzado y en los planes de retorno voluntario y reubicación de los afectados que así lo deciden.
El plan piloto de retorno se llevará a cabo el próximo miércoles después de escuchar las necesidades de los pobladores, donde pidieron ayudar no solo con mejoras y adecuaciones a las viviendas para retomar sus vidas, sino también condiciones de seguridad pública, trabajo, salud, educación para sus hijos e incluso transporte público.
Con ellos se busca respetar el derecho que tiene todo ciudadano a tener las condiciones adecuadas para vivir donde ellos decidan, apoyando así alrededor de 70 familias a que cumplan su voluntad de retornar a su lugar de origen.
