Mazatlán, Sin.- A partir de este 2022, las empresas en México deberán trabajar en una certificación propuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera, frente al tema de lavado de dinero, por lo que estarán obligadas a tener un responsable de cumplimiento, en acato a la Ley Antilavado.
La directora de AML Expertise & Consulting, Carmen Yolanda Díaz Galindo, aseguró que Mazatlán cuenta con 800 empresas dedicadas a la construcción y venta de inmuebles, pero solo 250 de ellas cuentan con un “Responsable de Cumplimiento”.
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Destacó que aunque la Ley Antilavado en México entró en vigor en 2013, apenas este 2021 se invitó a las empresas a certificar a alguien de su personal para atender y cumplir con dicha ley.
“Las empresas que están obligadas deben tener el responsable de cumplimiento, deben nombrar a una persona que se encargue con las regulaciones de la A a la Z, tienen que estar cumpliendo vigilados, la Unidad de Inteligencia Financiera les dio la obligación de certificar a este responsable con el tema de lavado de dinero”, dijo.
Explicó que este responsable certificado será elemental para vigilar los movimientos que se realicen en cuestión de pagos, que regule y conozca acerca de las prohibiciones que se tienen en México con respecto al tema del lavado de dinero, de tal manera que ninguna empresa caiga en eso, por terceros o por desconocimiento.
“Debemos hacer conciencia entre empresarios mazatlecos del sector inmobiliario y de la construcción y que tomen en cuenta el tema de la certificación. Consideren invertir en la capacitación que les ayudan con el cumplimiento de estas decisiones”, expresó.
Mencionó que todas las empresas que se encuentran en la lista de segmentos vulnerables frente al lavado de dinero, entre ellas del ramo inmobiliario, vendedores de joyas, tarjetas prepago, casinos, entre otras más, deben de cumplir con lo estipulado en esta ley.
CERTIFICACIÓN
Para recibir la capacitación y estar certificado, deberán trabajar en los giros de actividades vulnerables, contar con al menos, un certificado de preparatoria, CURP, RFC, INE, además cubrir con el costo del examen de la certificación.
La fecha de inscripción y de aplicación estipulada por la Unidad de Inteligencia Financiera es del 20 de agosto al 7 de octubre; una vez que se cumpla con esto, la UIF dará paso a las auditorías.
En caso de detectarse actividad ilícita, la sanción es desde multas administrativas que van desde los 20 mil a los dos millones 600 mil pesos, hasta prisión por entre 5 y 15 años.
Díaz Galindo dijo que este asesor puede certificarse mediante la convocatoria emitida por Unidad de Inteligencia Financiera que saldrá el próximo 20 de agosto, en la cual se le pide de requisito: certificado de preparatoria, CURP, RFC, cubrir los costos de examen y trabajar en este tipo de actividades vulnerables.
