Mazatlán, Sin.- El líder social Roque Vargas Aragón, originario de la sierra de Concordia, y quien dice representar a 164 familias de desplazados por la violencia en las zonas altas de Mazatlán, Rosario, Escuinapa y Concordia, se deslindó de las tres manifestaciones que encabezó el Movimiento Amplio Social Sinaloense en el último mes para exigir terrenos y viviendas, toda vez que ya existen acuerdos con las autoridades estatales para apoyar a las familias más necesitadas.
Señaló que el coordinador del MASS, Miguel Ángel Gutiérrez, no ha respetado los acuerdos que él mismo firmó en las reuniones interdisciplinarias, en las que estuvieron representantes de todos los grupos de desplazados en Sinaloa, así como de las dependencias estatales, federales, diputados y Comisión de Derechos Humanos.
Y aclaró que las 50 casas que se construyen en Mazatlán, no solo son para las familias que radican en el puerto, sino para todos los desplazados de la zona sur, incluyendo los que residen en Villa Unión, Concordia, Rosario y Escuinapa.
Comentó que el acuerdo es otorgar las primeras viviendas para desplazados a las personas más vulnerables como son las viudas de víctimas por la violencia en la sierra, adultos mayores, discapacitados y madres solteras, que viven en situaciones críticas.
Criticó que el MASS esté abanderando sus protestas y manifestaciones a nombre de todas las familias de desplazados de la zona sur, ya que ellos solo conforman un grupo y que es el mismo que se observa en todas las marchas que se realizaron en Mazatlán, Villa Unión y Concordia.
“Yo soy enemigo de las manifestaciones de ese tipo, no me gusta atentar contra la paz social, no me gusta intervenir en el tránsito de las personas porque para eso son las calles, no me gusta hacer tomas ni bloqueos a edificios públicos ni privados, no me gusta realizar actos de protesta, soy partícipe del respeto hacia las personas, porque somos seres pensantes”, expresó.
Refirió que aunque no se ha resuelto el problema de los desplazados, el grupo que representa está agradecido con el gobierno estatal porque ha puesto atención a sus demandas y ya se trabaja en la edificación de las primeras 50 viviendas.
Y señaló que a la par de este programa de vivienda, que se realiza con un presupuesto de 40 millones de pesos en este año, de los cuales 10 millones se destinaron a Mazatlán, y el resto a la zona centro y norte del estado, a él le ha tocado colocar a varias familias con gestiones personales.
De las 164 familias que representa, agregó, 36 familias fueron colocadas en diferentes partes de Mazatlán, 17 en Lomas de Monterrey, 23 en Santa Fe, 10 en La Amapa y 34 en Rosario.
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Indicó que ni él ni ningún representante de las familias de desplazados podrá incidir en la elección y designación de viviendas que se construyen, sino que será una comisión especial acordada en las reuniones interdisciplinarias, la que visitará los lugares donde viven estas personas para determinar quiénes son los más vulnerables y necesitadas.
De ahí que la distribución de viviendas no solo será de familias de desplazados que residen en Mazatlán, sino de toda la zona sur del estado, incluyendo gente de Villa Unión, Concordia, Rosario y Escuinapa.
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