Culiacán, Sin. Zozobra e incertidumbre se observó en las curules de la bancada de Morena, cuando intempestivamente la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Graciela Domínguez abandonó la sesión y les susurró a algunos de los suyos que era llamada de urgencia a la ciudad de México.
Pasadas las doce del día, el presidente de la mesa directiva, Marcos Almaral anunciaba que la diputada Graciela Domínguez había pedido permiso para ausentarse de la sesión.
Minutos después la noticia corría como reguero de pólvora: fue llamada de urgencia por la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez y la presidenta de Morena Yeidckol Polevnsky por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar el tema del presupuesto de Sinaloa.
Trascendió que los enredos que traen los morenistas en cuanto a las reasignaciones y la ejecución de recursos federales podrían hacer que quien los efectúe incurra en responsabilidades administrativas e incluso del orden penal en la capital del país no lo vieron con buenos ojos y llamaron a la mandamás del Congreso del Estado para darle “un jalón de orejas”.
Así mismo, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Victoria Sánchez, diputada de Morena y quien ha sido una fuerte opositora a las reasignaciones de su propio grupo parlamentario, tiene dos días en la capital del país.
Antes de la llamada de la ciudad de México, el presidente de la Comisión de Fiscalización Marco Antonio Zazueta, dijo que es un capricho del gobernador haber regresado el dictamen del presupuesto al Congreso con observaciones.
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El diputado de Morena aseguró que sí se pueden hacer reasignaciones en el paquete económico, ya que tan sólo en el presupuesto estatal del 2018 tuvo una modificación de alrededor de 8 mil millones de pesos, por lo que consideró que las adecuaciones que llevó a cabo el grupo mayoritario son irrisorias, comparando con el monto total que representa el paquete económico, que es de 54 mil millones de pesos.
Así mismo destacó que por parte de los legisladores de Morena los recursos reasignados – que son federalizados-, a los trabajadores de salud, educación, viudas de policías y otros sectores sociales se mantienen, porque se trata de demandas justas y derechos que no les han sido reconocidos.
