Mazatlán, Sin.- El director de Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Gustavo Rojo Navarro, informó que la Auditoría Superior de Estado notificó de recibida la denuncia interpuesta por este organismo por el caso Nafta, con lo cual se inicia la investigación de los presuntos daños al patrimonio municipal, en el que están involucrados 17 funcionarios y ex servidores públicos de las últimas 4 administraciones y 2 particulares, por irregularidades y omisiones en el proceso.
La denuncia se interpuso el 12 de abril del año en curso y la ASE notificó de recibido el pasado 20 de mayo.
“Sí, ya nos enviaron la notificación de recibido con lo cual inicia la investigación por parte de la ASE, la fecha fue el 20 de mayo, de hecho nosotros hicimos un pronunciamiento cuando se dijo que ya se había interpuesto la denuncia, pero no lo notificamos, eso nos llegó después”, expresó.
Comentó que con esta notificación, ASE inició la investigación de la denuncia que presume faltas administrativas graves en que habrían incurrido alcaldes, directores de área, miembros del Comité de Adquisiciones, Servicios y Arrendamiento del Municipio, responsables de las finanzas públicas y el titular del Órgano Interno de Control, de cuatro administraciones.
En la lista se encuentran los ex alcaldes Luis Guillermo Benítez Torres, Fernando Pucheta, Carlos Felton y Alejandro Higuera, así como Rafael Padilla, actual titular del Órgano Interno de Control, el ex síndico Procurador, Javier Ernesto Magaña, la ex contralora, Melania García, y los ex servidores públicos Joel Bouciéguez, Ricardo Ramírez, Carlos Venegas, María del Rosario Torres, Ernesto Tapia, David Escobar, Juan Manuel Ochoa, Ismael Barros, Joel García y Miguel Pérez.
También se involucra a dos particulares en la denuncia, a los abogados Aída Pamela Durán Chío y César Aristóteles Morales Silva.
Ahora la ASE investiga las presuntas faltas administrativas graves y en caso de determinar que hay suficientes elementos para castigar las omisiones e irregularidades se turnará al Tribunal del Sistema de Justicia Administrativa, que es el órgano encargado de imponer las sanciones.
Litigio que lleva ya 8 años
El caso Nafta data desde febrero-marzo de 2012, cuando el Ayuntamiento autorizó un dictamen de uso de suelo y un permiso a favor de la empresa Nafta Lubricantes para que construyera una gasolinera en la colonia Palos Prietos. Ante una sentencia de amparo, la empresa particular presentó una demanda contra el Ayuntamiento ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que fue admitida en enero de 2015. La demanda no fue respondida ni tampoco se asistió a la audiencia de desahogo de pruebas.
En junio de 2016, el Tribunal resolvió condenar al Ayuntamiento al pago de 141 millones 802 mil pesos por perjuicios a favor Nafta. Para dar atención y seguimiento al juicio de nulidad, se hizo un contrato de manera directa por servicios profesionales durante la administración de Carlos Felton.
En septiembre de 2017, Joel Bouciéguez, secretario del Ayuntamiento solicitó al Comité de Adquisiciones contratar los servicios profesionales de otro abogado para lograr sentencia absolutoria a favor del Ayuntamiento.
En diciembre de 2018, el gobierno municipal firmó un convenio de colaboración con el empresario Juan José Arellano Hernández, representante de Nafta que obliga al Ayuntamiento de Mazatlán a pagar los $141 millones 802 mil pesos por la demanda perdida, más la cantidad que resulte por concepto de intereses, recargos y actualizaciones, con lo que se presume se perdió el caso.
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