Culiacán, Sin.- Ante el reciente nombramiento de Marco Antonio Álvarez Armenta como Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, Elvira Jacobo, integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, declaró que hay que confiar en la decisión que tomo la titular de la Fiscalía General del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada, en el otorgamiento del cargo.
Esta declaración contrasta con lo denunciado por miembros del Consejo Consultivo de la Fiscalía, quienes señalaron que el nombramiento del nuevo fiscal anticorrupción se dio al día siguiente de que Nereida Avilés Aceves presentó su renuncia por jubilación.
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Asimismo, se dijo que la decisión fue tomada sin antes socializar la situación con el consejo, analizar perfiles o realizar una votación.
"Si ella lo está designando es porque ya sabe de su perfil y su experiencia, hay que permitirle que haga el trabajo y en cuanto comencemos a ver o no ver resultados podemos salir a decir que lo están haciendo mal o que se cambie", comentó la integrante del CPC
Aún no es ratificado
Cabe mencionar que Álvarez Armenta tiene que ser ratificado en su puesto por el Congreso del Estado.
Al respecto, Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, notificó que el Poder Legislativo aún no recibe la documentación pertinente.
"Aún no hemos recibido tal información, llegando el caso lo recibiremos y haremos saber cuál es nuestra posición", declaró el legislador.
Trabajo en curso
Cabe destacar que hay procesos judiciales en curso contra exfuncionarios por el delito de desempeño irregular de la función pública.
Se trata de los casos del exalcalde de Mazatlán y de Culiacán, Luis Guillermo "El Químico" Benítez Torres y Jesús Estrada Fereiro, respectivamente.
En el caso del mazatleco, es acusado por la presunta compra irregular de 2,139 luminarias a la empresa Azteca Lightning, por un monto de 400 millones 864 mil 204.47 pesos.
Mientras que el juicio contra Estrada Ferreiro va en el mismo sentido, pero por un contrato para rentar 40 camiones de basura con un costo de 117 millones de pesos.
Asimismo, está próxima a celebrarse la audiencia inicial contra el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, y los integrantes del Comité de Adquisición de la institución educativa, por la presunta comisión del mismo delito.
En este sentido, Jacobo mencionó que ya instalado el CPC se buscará que los integrantes estén pendientes de los juicios ya iniciados y el próximo a iniciar para calificar el desempeño del nuevo Fiscal Anticorrupción.
