Culiacán, Sin.- Luego de que el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Semaes se negó a firmar el contrato de tres nuevas integrantes al Comité de Participación Ciudadana, las organizaciones Iniciativa Sinaloa y Arriba el norte, abajo, la corrupción se pronunciaron en contra de los actos antidemocráticos.
Las organizaciones señalaron que la presidencia del Sistema Estatal y Municipales Anticorrupción del Estado de Sinaloa y la Secretaría Técnica se busca evitar la participación ciudadana en el CPC y frenar el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción en Sinaloa.
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En un comunicado, las organizaciones señalaron que el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Semaes no tiene facultades legales para decidir o no la contratación de las personas integrantes del CPC, mismas que habían sido designadas en la sesión celebrada el pasado 5 de junio por la comisión de selección.
Advierten que el Órgano de Gobierno podría estar incurriendo en la falta grave de abuso de funciones y el actuar del secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Semaes puede derivar en una denuncia penal por abuso de autoridad, al incumplir con su obligación de dar contratación automática a las tres mujeres designadas como resultado del nombramiento otorgado por la comisión de selección.
Por lo anterior, señalaron el actuar de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, el Supremo Tribunal de Justicia Administrativa y la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública que aprobaron el acuerdo en sesión y secreta a puerta cerrada, en contra de la esencia del sistema que busca la prevención, investigación y sanción de actos asociados a la corrupción.
Finalmente, colectivos y organización de la sociedad civil como Iniciativa Sinaloa, Coparmex, Tierra Colectiva, No te metas con nuestras hijas, Vigilancia Ciudadana y En igualdad AC se pronunciaron en favor de un sistema anticorrupción que funcione con las y los ciudadanos más comprometidos con la vigilancia de la transparencia y rendición de cuentas y no con intereses ajenos estos.
