Mazatlán, Sin.- El pasado 25 de abril ejidatarios y pobladores de la Isla de la Piedra impidieron los trabajos de demolición de la zona conocida como Isla de Chivos, incluyendo el cerro, casas y restaurantes ubicados en este lugar.
Maquinaria pesada ingresó a la Isla para comenzar con el proyecto de reparación de la escollera justo en la entrada del canal de navegación, pero ante la oposición de los isleños el superintendente de la obra dijo desconocer los problemas que había en esta zona, pues cuando ganó la licitación del proyecto no se comentó por parte del Gobierno Federal que existían problemas legales.
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Fue en diciembre del año pasado cuando los ejidatarios promovieron un amparo y el Juzgado Noveno de Distrito en Sinaloa les otorgó la suspensión definitiva.
Y es que unos meses antes, en julio del 2023, se publicó un Decreto en el Diario Oficial de la Federación en el se modificó la delimitación y determinación del recinto portuario del puerto de Mazatlán; esta ampliación incluye predios ejidales, entre estos la Isla de Chivos.
El acuerdo fue entre la Secretaría de Marina y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y con los ejidatarios nunca se socializó.
Adjudicación de predios
Los intereses de la Administración del Sistema Portuario Nacional (antes Administración Portuaria Integral) siempre han chocado con el ejido, no es la primera vez que enfrentan litigios y estos parecen no tener fin.
Armando Peraza Álvarez, presidente saliente del Ejido, mencionó que la Administración Portuaria dirigida por el Contralmirante Mariel Aquileo Ancona Infanzón ha intentado violentar el amparo en al menos tres ocasiones.
"Tenemos muchos antecedentes donde el ejido le ha ganado a la ex API. El ejido nunca tuvo conocimiento de ese decreto y de ese acuerdo, simplemente llegó el Contralmirante Ancona a restregarnos que ellos eran los dueños de toda la orilla, nos había advertido que se iban a destruir todas esas casas", dijo.
Con esta nueva ampliación, agregó, se verían afectadas, casas, comercios y muelles y embarcaderos.
¿Qué dice el Decreto?
El "Acuerdo por el que se modifica la delimitación y determinación del recinto portuario del puerto de Mazatlán", fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio del 2023.
El documento expone que se requiere llevar a cabo la modificación del recinto portuario, derivado de la ampliación mediante adición de los predios del cerro del Crestón y el terreno de las casas para empleados portuarios.
Con esta nueva ampliación, la superficie total de recinto portuario es de 10 millones 413 mil 980 metros cuadrados, de los cuales un millón 403 mil 845 corresponden a área de tierra y 9 millones 010 mil 134 metros cuadrados a área de agua.
"El presente acuerdo de modificación a la delimitación y determinación del recinto portuario deja a salvo los derechos de terceros, mismos que no se verán afectados, como consecuencias de dichos procesos de delimitación y determinación", se lee.
Sin perjuicio del contenido del presente instrumento, se agrega, las concesiones, permisos y autorizaciones otorgadas a favor de terceros con anterioridad, continuarán surtiendo sus efectos en términos y condiciones celebradas hasta la conclusión de su vigencia.
Este acuerdo también reveló cuánto ha crecido la superficie del recinto portuario. En el año 1973 era de apenas 308 mil 333 metros cuadrados. En 1994 se amplió el recinto portuario con una superficie de 4 millones 960 mil 010 metros cuadrados.
Ejido
Peraza Álvarez mencionó que son varios kilómetros de predios ejidales los que se quiere adjudicar la Asipona, no solamente de la Isla de la Piedra, sino también de otros ejidos ribereños. En lo que respecta a este poblado va de la desde la Isla de Chivos hasta el Estero de Urías.
Recordó que fue en 1936 cuando se hizo la dotación del Ejido y en 1937 llegó la resolución presidencial; la isla de la Piedra cuenta con una superficie de mil 960 hectáreas y con una población de alrededor de 15 mil habitantes.
Además, explicó que aquí no hay zona federal como tal, según la carpeta básica las colindancias al norte son con el Estero del Confite o de Urías, hacia el oeste con el Canal de Navegación y hacia el sur con el océano Pacífico.
"En la dotación no dice que colinda a 20 metros de la orilla del Estero, no dice que colinda a 30 o 40 metros antes del Canal de Navegación", explicó.
Ahora son imputados
Dos días después de la obstrucción de los trabajos, el 27 de abril la Fiscalía General de la República citó a 11 ejidatarios y pobladores a comparecer por cargos imputados en su contra; los que promovieron el amparo fueron los primeros citados.
El cargo que se les imputa es obstrucción para la realización de una obra federal y fue la Asipona quien los demandó.
"Estamos defendiendo el amparo y estas personas quieren echarlo abajo presionando de esta forma, es pura intimidación esto, por desgraciar la autoridad que supuestamente está para defender al pueblo, a los ejidos, parece ser que hay mucha colusión, hay mucha corrupción en todo esto", dijo.
Peraza Álvarez recordó que hace dos años pusieron una denuncia en la FGR la cual tardaron ocho meses en aceptarla y de la cual no hay ninguna resolución todavía, sin embargo, en solo dos días está empresa paraestatal logró imputarles cargos.
Don Alberto mencionó que el conflicto tendrá que resolverse en los tribunales mientras que la posición de Gobierno del Estado fue que aceptaran el acuerdo.
Reiteró que ellos no tuvieron conocimiento de este documento hasta que se publicó en el DOF y lo único que Asipona les dijo es que al reforzar la escollera pasarían alrededor de 800 camiones de 70 a 100 toneladas con material, por lo que caminos, carreteras y calles se verían afectadas y el compromiso era de repararlas.
No es un caso aislado
Lo que está sucediendo actualmente con el cerro del Crestón no es un caso aislado, como se mencionó anteriormente en la ampliación del recinto portuario se adjudica también este espacio natural que alberga El Faro.
Un recinto portuario está habilitado para el tráfico de altura, mixto, de cabotaje y de pesca; sin embargo la misma Administración del Sistema Portuario Nacional, entregó una concesión a la Operadora Turística Observatorio 1873 S.A. de C.V. por 20 años para la construcción de ésta a cambio de una contraprestación anual fija de 84 mil pesos.
En este lugar se construyen "servicios turísticos y juegos de aventura en tirolesa" que unirán el cerro del Crestón y del Vigía un trayecto de 1 mil 251 metros.
El colectivo en defensa del faro promoverá dos amparos, uno individual y otro colectivo, donde se estará demandando que la obra de construcción sea suspendida inmediata y permanentemente y que los encargados de su autorización asuman su responsabilidad y tengan consecuencias, por ello fue necesario recabar firmas para el proceso.
El biólogo y ambientalista Gildardo Izaguirre, precisó que no se está en contra del progreso pero siempre y cuando no destruya los recursos naturales.
"Es un daño evidente, el cerro del Crestón está desgajándose igual el cerro del Vigía, va a salir del Crestón al Vigía con 1, 100 metros de trayecto, la dependencia que firmó la autorización para hacer esa tirolesa concedió ese lugar por 84 mil pesos al año, son 230 pesos diarios, 10 por hora, cuándo van a sacar un dineral de ahí", agregó.
Pese a que desde el pasado 11 de abril los trabajos están suspendidos por falta del permiso de la licencia de construcción que emite la dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, se ha acusado que las perforaciones en la ladera del cerro continúan.
