El que Rubén Rocha Moya haya destituido de la Secretaría de Turismo a Luis Guillermo Benítez Torres hasta el día de hoy preocupa y da tristeza, mencionó René Castro Lizárraga, por el manejo político- jurídico que se le está dando al caso del ex presidente municipal de Mazatlán.
El representante legal de las organizaciones civiles que interpusieron demanda de juicio político contra el “Químico", por los malos manejos de los recursos públicos, mencionó que el mandatario estatal pudo haber hecho esta acción desde un principio en vez de haberle protegido.
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"Él solicitó la renuncia cuando todavía no han llevado al Congreso la solicitud de desafuero, que ya está, dijo, pero no ha llegado al Congreso todavía ¿por qué adelantarse ahora cuando lo pudo haber hecho desde un principio? da pena y tristeza al manejo que se le está dando a una situación que no tenía marcha atrás", mencionó.
El abogado señaló que Benítez Torres es y siempre ha sido responsable o imputado, pues se demostró con elementos de juicio razonables que fue responsable del mal manejo de los recursos del Ayuntamiento durante su administración.
"¿Qué tan creíble la capacidad y la seriedad con la que se maneja nuestro gobierno del estado o nuestro gobernador respecto a la gente que es del mismo partido, de la misma corriente política?", cuestionó.
Opacidad y manejo dudoso
El Congreso del Estado se volvió lento, encubridor, agregó, pues hasta la fecha no ha tenido la decencia de darles una respuesta como promotores del juicio político; hay opacidad y manejo dudoso de los procedimientos.
"Las organizaciones civiles lo hicimos todo conforme a la ley, pero tanto el Congreso como el gobierno del estado se prestaron a maniobras políticas que los deja mal parados frente a la sociedad".
¿Qué sigue?
Para Castro Lizarraga, el que Luis Guillermo Benítez Torres haya sido llamado para responder las acusaciones ante el juez del control no lo deja totalmente satisfecho, pues durante el periodo que renunció, de manera ilegal, a la presidencia municipal y se incorporó a la dependencia estatal, le dio tiempo y oportunidad para reunir argumentos a su favor para que no sea juzgado fuertemente.
"En este periodo que se les estuvo cubriendo por parte del gobernador, le estuvo dando oportunidad para que con su equipo de abogados viera la manera detener argumentos, argucias legales para que no se le juzgue fuertemente. Lo van a juzgar se va a llevar un proceso le van a quitar varias imputaciones y lo último que le van a decir da las gracias o paga un millón de pesos y te vas tranquilo", dijo.
No hay confianza, añadió, ni transparencia ni seriedad ni responsabilidad en las formas en que se llevan a cabo los procesos por las autoridades competentes.
