CEDH emite recomendación por desplazamiento forzado en Sinaloa

El órgano autónomo pide a todas las instituciones trabajar para paliar la situación de las personas que sufren esta situación

Micaela Millán | El Sol de Sinaloa

  · jueves 15 de diciembre de 2022

Se percataron que existe una falta de implementación de medidas oportunas y acertadas para la atención a las personas víctimas DFI. Foto: Cortesía | CEDH Sinaloa

Culiacán, Sin.- La Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitieron su primera recomendación para que las instituciones trabajen de manera coordinada en la generación de acciones que ayuden a frenar el desplazamiento forzado por la violencia en el estado.

Esta dicha recomendación se realizó con base a un análisis de contexto del fenómeno, y del marco jurídico nacional e internacional que reconoce a las víctimas que son vulnerados de sus derechos humanos.

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Tras efectuar un análisis lógico-jurídico a 17 expedientes tramitados ante el órgano autónomo, además, a los informes entregados por las autoridades estatales y municipales en los que se expuso que en algunos municipios del estado resalta la situación que transgrede los derechos humanos, especialmente en derechos a la libertad de circulación, residencia y el derecho a no ser desplazado forzosamente, a la seguridad personal, a la propiedad, protección a la salud, a un nivel de vida adecuado y al trabajo, al acceso a la educación y a la justicia, a la vivienda o alojamiento.

Asimismo, se percataron que existe una falta de implementación de medidas oportunas y acertadas para la atención a las personas víctimas DFI, a la importancia del Fondo Especial para la protección, a la implementación del programa.

Para finalizar, se expusieron diez puntos recomendatorios para que cualquier autoridad, independiente de su ámbito, esté relacionada y se tenga la información necesaria para atender y prevenir el DFI y se actúe conforme a los argumentos y al derecho, en donde se destaca, la implementación de estrategias, realización de diagnóstico que permita conocer la situación, el acceso a las herramientas, generar elementos en materia educativa, actuar con diligencia y estándares desarrollados, además de crear un registro estatal de personas que han sido víctimas a causa de la violencia.