En medio de la crisis sanitaria que estamos viviendo, ha surgido un reclamo muy delicado de parte de cinco gobernadores: la exigencia de una mejor atención a sus demandas de parte de la Federación y, en caso de no obtenerla, plantearon la posibilidad de abandonar el pacto federal.
Se trata de los gobernadores de Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. ¿Qué significa abandonar el pacto federal? Sencillamente, dejar de formar parte del país y erigirse en un territorio independiente.
Esta sería una decisión muy radical, pues hasta ahora los reclamos en este sentido se habían limitado a cuestionar el “injusto” pacto fiscal que concentra los recursos hacendarios en la Federación, pero nunca el pacto federal, que implica romper con todos los vínculos institucionales y actuar política, económica y socialmente de forma autónoma.
Ello, desde luego, no es deseable. De continuar, sería un conflicto inédito, pues lo que México ha vivido a lo largo de su historia ha sido lo contrario, como la libre incorporación de Chiapas a nuestro país (y no a Guatemala) en 1824, o la declaración de nuevas entidades federativas, cuando en 1974 Quintana Roo y Baja California dejaron de ser “territorios federales” para incorporarse constitucionalmente como territorios estatales al pacto federal.
Por eso, es urgente que desde la presidencia de la república se promueva el diálogo y se escuchen los legítimos planteamientos de quienes gobiernan las entidades federativas.
Tan solo desde el punto de vista constitucional, una ruta de este tipo sería muy desgastante, pues implicaría todo un proceso legislativo para modificar diversos artículos de la Carta Magna, empezando por el artículo 43, que determina a los estados integrantes del pacto federal, y también por la propia discusión interna en el Congreso local de cada entidad federativa, desvirtuando el emblemático artículo 40 que define a México como una “República representativa, democrática, laica y federal”.
Hoy más que nunca debemos recordar que el pacto federal es un acuerdo de unidad nacional y no se debe hacer menos a los estados.
Mientras en prácticamente todos los países del mundo, las fuerzas políticas han hecho a un lado sus diferencias para atender la convocatoria del jefe de Estado, en México siguen prevalenciendo los prejuicios, los agravios y las diferencias.
Vivimos una situación extraordinaria y de esa magnitud deben ser las soluciones de nuestros gobernantes.
En España están acordando nada menos que reeditar los Pactos de la Moncloa, esos grandes acuerdos en materia económica y política que en 1977 permitió construir un nuevo país. Asimismo, en Estados Unidos el presidente Donald Trump aprueba apoyos solo comparables con los tiempos de la Gran Depresión, y en toda Europa se está perfilando un nuevo Plan Marshall para superar la crisis, ese histórico plan de reconstrucción que reactivó la devastada economía europea después de la Segunda Guerra Mundial.
No es posible que en México no tengamos la altura de miras para acordar una estrategia verdaderamente extraordinaria.
Esperemos que haya la voluntad de las autoridades federales para escuchar los legítimos planteamientos de los gobernadores y que defina una política de apoyo a la economía de todos los mexicanos.
Es crucial apoyar a los 22 millones de beneficiarios de los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero México tiene 130 millones de habitantes, con necesidades y con los mismos derechos.
Necesitamos una política integral, de Estado, que vele por los pobres, pero también por el empleo y por la viabilidad de los casi 6 millones de unidades económicas (empresas de todos los niveles) donde se generan la mayor parte de los impuestos de los mexicanos.
Culiacán Sinaloa, a 14 de abril del 2020
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