Mazatlán, Sin.- Una noche de junio del año 2022 los habitantes de la colonia Manuel de la Vega fueron sacudidos por el estruendo de máquinas que destruían sus hogares a su paso por el asentamiento. En un abrir y cerrar de ojos vieron cómo sus patrimonios, desde modestas casas de lámina y madera, hasta prósperas construcciones de ladrillo, eran demolidas sin compasión.
Así fueron despojados de sus hogares, con muchas personas, adultos mayores y niños durmiendo dentro de ellos. No importó que llevaran una década viviendo ahí, solo el desalojo.
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Desde entonces estas 80 familias afectadas iniciaron una aventura legal por recuperar sus casas, una lucha que ha estado marcada por la indiferencia y el olvido de las autoridades.
En Mazatlán cada vez son más familias las que se ven afectadas por vivir en asentamientos irregulares que carecen de certeza jurídica, un problema que ha perdurado desde hace décadas para algunas colonias e invasiones.
Actualmente hay poco más de 70 asentamientos irregulares y hay invasiones que tienen hasta 40 años de existencia y nunca han podido estar en la legalidad; al igual que hay colonias de más de 50 años, como Urías, Ampliación de Urías, Rincón de Urías, la colonia Azteca, Jesús García, una parte de la Flores Magón, Lomas del Ébano, entre otros, que han permanecido en la irregularidad.
Víctimas del engaño
Los afectados de la colonia Manuel de la Vega afirman que nunca invadieron el lugar. A ellos les ofrecieron comprar el terreno y aceptaron de buena fe. Incluso hicieron pagos iniciales, depositando su confianza en la supuesta venta. Los predios fueron ofrecidos a nombre de Manuel de la Vega, con la promesa de que al finalizar los pagos, serían dueños legítimos. Sin embargo, el trato dio un giro cuando el supuesto dueño de los terrenos, José Ángel Pescador Osuna, apareció en escena y reclamó la propiedad.
"Nosotros nunca invadimos ese terreno, a nosotros se nos ofreció de buena manera al principio, se pasaron de listos, traicionaron la confianza de nosotros, llevábamos unos 10 años viviendo ahí y de la nada fuimos desalojados de lo que considerábamos nuestro hogar", menciona Verónica, quien era propietaria de una tortillería en el asentamiento.
Inicialmente dieron 10 mil pesos en dos pagos quincenales, esto a modo de enganche para lo que creían que sería su nuevo hogar, sin imaginarse lo que vendría para ellos en el futuro.
"Eran 10 mil del enganche, Pidió 10 mil, pero 5 mil en 15 días, eran pagos a la quincena y después el contrato para vender el terreno", afirma Elena.
Desalojo violento e injustificado
El día del desalojo se canceló la cuenta donde se recibían los pagos sin explicación alguna. Sin orden de desalojo y sin oportunidad de defenderse, fueron sacados de sus hogares.
"Nada más llegaron y nos desalojaron de nuestras casas, no les importó que hubieran niños, adultos, ni nada, solamente entraron a la brava y con amenazas nos corrieron, es algo que hasta la fecha nos afecta porque no tenemos nuestro hogar, ni dónde quedarnos", añadió entre lágrimas Elena.
Inicialmente, seis personas fueron desalojadas, pero pronto las máquinas derribaron todas las casas, dejando a poco más de 80 familias sin hogar.
"Al principio dijeron que serían solamente seis familias, nos imaginábamos que se podría aclarar el problema siendo solamente seis, pero fueron todas, más de 80 familias fueron puestas en la calle, no les importo nada, no nos dieron un aviso ni algo por el estilo", agrega.
A pesar de que el juicio continúa, los derribos no cesan, especialmente los fines de semana. La zona, una próspera comunidad, ahora yace desolada, como si nunca hubiera sido habitada.
Los afectados se tuvieron que ir a vivir a otras colonias de Mazatlán, pero no han dejado de luchar en todo este tiempo que el proceso está abierto. Ya hablaron con las autoridades municipales, con las estatales, pero nadie les ha resuelto su problema.
"Hemos golpeado muchas puertas en busca de justicia, pero siempre nos las cierran en la cara, nos ignoran, los dueños se hacen pasar por víctimas y los realmente afectados somos nosotros, no tenemos el apoyo de nadie, hemos sido ignorados", añade.
Ante la falta de respuesta de las autoridades, han recurrido a la asesoría legal como su única esperanza. Abogados locales se han sumado a la causa, brindando orientación y representación legal a las familias afectadas en su lucha por recuperar lo que consideran suyo legítimamente.
"Son los únicos que realmente nos han apoyado en todo este caso que tiene rato ya, casi dos años, nuestra colonia es tratada de invasión, cuando no es así, hemos pagado para tener esas tierras y nos las quitaron de la nada", puntualiza.
Violencia y amenazas
Los vecinos aseguran que fueron víctimas de la violencia y amenazas durante el desalojo, donde elementos de la policía municipal acudieron al lugar sin una orden legal, mientras que miembros de centros de rehabilitación actuaron de manera intimidante, amenazando con armas y amedrentando a los habitantes.
"Los de la policía municipal se comportaron muy groseros y estaban subiendo gente a las patrullas, a todos los que les decían algo, hasta un golpe con la pistola le dieron a un muchacho y ni se diga los que estaban del centro de rehabilitación, hasta esos locos fueron a querer sacar gente, llegaron amenazando y con pistolas y la policía sin hacer nada, no lo podíamos creer, ni en la peor película lo veíamos", señala Elena.
El joven de aproximadamente 30 años que fue golpeado por los elementos municipales asegura que fue subido a la patrulla, golpeado y amenazado, por intentar defender a algunas mujeres que estaban siendo amedrentadas.
"Yo estaba intentando ayudar a las mujeres y de repente dicen: ‘a ese también súbanlo’, a todos los que se acercaban les mandaba a los del grupo o a los de la municipal, a mí me pegaron un cachazo y me subieron, yo quería pagar la multa para regresarme a mi casa y me dijeron que no, me dejaron ahí hasta que pasó todo eso, no querían revoltosos, como decían ellos, ni grilleros", señala el joven.
Verónica, propietaria de una tortillería, relata cómo su negocio fue destruido mientras ella y su hija estaban adentro. Muchos de los afectados se encuentran ahora sin hogar, viviendo en condiciones precarias en otros asentamientos.
"Mientras destruían los hogares de todos, aquí llegaron a mi casa y destruyeron mi tortillería, conmigo y mis hijos dentro, no les importó, era gracias a esa tortillería que yo sacaba a mi familia adelante, mi mamá ya está grande, muy difícilmente salíamos de casa más que para el mandado, eso no tiene perdón, aparte de lo material, se pudieron llevar alguna vida", lamenta.
