Culiacán, Sin.- El secretario General de Gobierno, Enrique Inzunza Cazarez, está revisando las condiciones jurídicas de la resolución dictada por la Corte de la Justicia de la Nación a favor del Servicio de Administración Tributaria (SAT), con la finalidad de fincar responsabilidades por la multa impuesta al estado por el organismo federal, la cual asciende a mil 600 millones de pesos.
Esto fue comentado por el gobernador Rubén Rocha Moya, quien declaró que se busca que no haya ningún daño al erario.
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Explicó que el gobierno no tiene dinero para solventar esta medida de apremio y que, por ello, se busca conciliar con el SAT.
"Allí hay un problema fiscal, pudiera ser materia del gobierno federal, puede ocurrir porque la falta consiste en la violación al convenio de coordinación fiscal, ese es el tema central", comentó.
Rocha consideró que la actuación de los funcionarios, en donde no se aplicaron auditorías de manera adecuada, fue hecha con dolo debido a que son dos empresas las involucradas, Grupo Coppel y Grupo Arhe.
Cabe recordar que la problemática surge desde 2021, año en el cual se violentó el convenio en donde se facultó al estado para auditar a contribuyentes estatales. En ese entonces, quien gobernaba era Quirino Ordaz Coppel y el director del SAT era su primo, Gabriel García Coppel.
El gobernador comentó que no se ha puesto en contacto con su antecesor en el puesto sobre esta problemática, dijo que un diálogo con Ordaz Coppel era innecesario porque el daño ya está hecho.
"El gobierno anterior recibió el dinero y se lo gastó y lo gastó muy rápido", agregó Rubén.
Los estragos
Rocha Moya recordó que derivado de este asunto, los primeros 4 meses no pudo cobrar impuestos el gobierno, lo que significó una pérdida de 300 millones de pesos.
Referente a la multa impuesta por el SAT, detalló que fueron mil 400 millones de pesos los que la administración anterior recibió sin reportar al organismo federal, y que a esto se le sumó una multa de 200 millones de pesos.
El gobernador finalizó indicando que la cifra que se plantea imponer al gobierno estatal para que sea pagada es de mil 700 millones de pesos; no obstante, consideró que el gobierno federal está en disposición de llegar a un acuerdo.
