Mazatlán, Sin. - Con la finalidad de verificar las medidas de prevención, atención y mitigación de riesgo por Covid-19, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no solo visitó los 4 centros penitenciarios de reclusión de Sinaloa durante el 2020, sino también los centros de retención como tribunales de barandilla e instalaciones de la policía de investigación, en los que detectó población vulnerable y fallas en las medidas generales, personales, informativa, uso de antisépticos, detección y atención de enfermos.
Durante el recorrido se identificaron tanto en el ámbito estructural como del personal adscrito al sistema penitenciario, algunas circunstancias que deberán ser atendidas para prevenir escenarios de riesgo, en agravio no solo de las personas privadas de la libertad sino también de los servidores públicos y visitantes.
Como resultado de la supervisión, el organismo solicitó a las autoridades penitenciarias y judiciales garanticen las condiciones de seguridad e higiene del personal, lo que se traduce en que cuenten con insumos, equipos, herramientas y materiales adecuados y suficientes que permitan desarrollar el servicio que se les ha encomendado y que reciban la respectiva capacitación con el fin de reducir riesgos y salvaguardar su salud e integridad.
El reporte de la CNDH señala una población vulnerable en los 4 centros penitenciarios del estado de 131 adultos mayores, 120 internos con padecimientos mentales e imputables, 600 con discapacidad u otras patologías, 77 indígenas, así como 32 extranjeros. Durante la visita había una población de 4 mil 517 internos, de los cuales 4 mil 346 son hombres y 171 mujeres, con una ocupación del 68.3% en cuanto a la capacidad instalada para 6 mil 616 personas.
La cárcel que más observaciones tuvo fue el centro federal de readaptación social No. 8 "Nor-Poniente", con sede en Guasave, ya que, al momento de la visita, no se aplicaban pruebas para la detección de Covid-19, y ante la suspensión de las visitas familiares e íntimas, se reemplazó por una llamada de 10 minutos, y se pidió garantizar y dar certeza de la continuidad de la medida tanto a las personas privadas de la libertad como con quienes tienen comunicación.
Por su parte, Fermín Núñez Millán, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la zona sur del estado, informó que en esta ocasión la supervisión se extendió a los centros de retención como son los tribunales de barandilla y las instalaciones de la policía de investigación. Comentó que personal de esta visitaduría apoyó a los integrantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La CNDH realizó 26 visitas de observación y verificación en 17 entidades del país para conocer el trato que reciben las personas privadas de la libertad, autoridades, familiares y visitas en general, e identificar las buenas prácticas implementadas, los temas de preocupación y ver las áreas de oportunidad de cada cárcel.
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En su diagnóstico, planteó a las autoridades penitenciarias y judiciales diseñar y ejecutar un programa de despresurización penitenciaria, para la modificación de la medida cautelar en personas con medida de prisión preventiva y la liberación anticipada de personas sentenciadas, acorde con lo ya establecido por instancias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
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