Culiacán, Sin.- El diputado José Rosario Romero Moreno en tribuna advirtió que para el grupo parlamentario de Morena, es urgente que se atienda a personas desplazadas de cientos de comunidades que por cualquier causa no han retornado a sus comunidades de origen, pese a que el pasado 21 de agosto pasado se publicó la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento forzado interno.
Dijo que el gobierno del estado y ayuntamientos deben de disponer de todos los mecanismos al alcance para facilitar el retorno voluntario, seguro y digno de las personas desplazadas, mediante acciones específicas de corto, mediano y largo plazo como lo previene la ley para desarrollar en las comunidades expulsoras o potencialmente expulsoras, proyectos productivos y microempresas en lo particular y ampliar las oportunidades de empleos, además asegurar las condiciones para el retorno y así prevenir la repetición de hechos.
El diputado de Morena demandó al gobernador para que en su próximo informe detalle la aplicación de los 40 millones de pesos etiquetados al Programa Especial de Atención en Viviendas a Personas Desplazadas por la Violencia y, considerando los antecedentes de las discusiones presupuestales de 2019 y 2020, prevea en su iniciativa de presupuesto para el 2021.
Dijo que es necesario que se de cumplimiento a la ley de atención a personas desplazadas con las partidas que aseguren el desarrollo de proyectos productivos y microempresas en las comunidades de los altos de Sinaloa con el propósito de facilitar el retorno voluntario, seguro y digno de las personas desplazadas.
Recordó que la violencia ha desplazado a numerosas familias de sus comunidades de origen, entre otras en El Pueblito, Casas Viejas, La Cieneguilla, El Tiro, El Platanar de los Ontiveros, Aguacaliente del Zapote, Zaragoza y El Llano, en Concordia.
De La Cieneguita de Núñez y El Zapote de los Madriles, en Choix; Del Zapote y el Zapote de la Noria, en Mazatlán; Sasalpa, Chicorato, Comanito, en Mocorito; Ajoya, Guillopa, la Ciénega, el Guayabo, El Espinal, Rincón del Chilar y Vado Hondo, La Guaracha, Santa Apolonia y Campanillas, en San Ignacio.
En la Sierrita de los Germán, Ocuragui, San José de los Hornos, Ciénaga de Parra, Las Ciruelas, Atezcalama, el Chipil, Joya de los Martínez, La Vainilla, Las Tatemas, el Limón, El Amapal, El Guamúchil, Portuguez de Norzagaray, La Cantera, La Chirimoya, El Pilar, Metatito, Tarahumares, Tierra Larga, Puerto de Santiago, Mesa del Zapotillo, El Hornito, Las Tunas, Las Mesas, La Mesa de Don Panchito, El Bejuco, Rancho Blanco, El Limón de los García, Arroyo Seco, Vinatería, Barranca de los Bueyes, El Chapote, Potrero de Bernal, La Casita y Los Laureles, en el municipio de Sinaloa.
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La Cofradía, en El Fuerte; El Mirador, El Pozo, San Cayetano, El Tecomate y Bragresitos, en Culiacán; Tameapa, en Badiraguato, entre un larguísimo etcétera…
Precisó que la ley para responder al problema del desplazamiento de las personas por la violencia en la sierra sinaloense, además de ordenar al gobierno del estado con la concurrencia de los ayuntamientos, el auxilio inmediato a personas afectadas en desplazamiento, con apoyo en alimentos, agua, alojamiento, ropa y servicios médicos, medicamentos y tratamientos, impide que las víctimas sean obligadas a su retorno, recluidas o confinadas en campamentos.
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