Hay dos formas de acercarse al análisis de la reforma educativa del gobierno del presidente López Obrador: 1) Analizando la importancia que guarda la educación en el proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación; y 2) Analizando los alcances de la reforma educativa que presenta el Ejecutivo y la correspondencia que guarda con el proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación.
En el primer caso, lo hemos señalado en este y otros espacios, la educación es parte toral del proyecto social del presidente. Y lo es a partir del concepto de “Equidad”, piedra angular de la cosmovisión política de López Obrador. Desde este concepto, finca su obra de gobierno para el presente sexenio y para ello alinea la agenda educativa y la agenda social en un mismo plano. En ese sentido, el proyecto educativo se entiende desde el concepto de Equidad, y no desde lo estrictamente educativo. No hay proyecto educativo, sino un proyecto de justicia social materializado a través del derecho a la educación -en cuanto al acceso, la permanencia y el derecho a aprender de los estudiantes -sobre todo para aquellos que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad social y económica-.
Y para el caso de los maestros, representa de igual forma un proyecto de justicia social puesto que se pretende eliminar el vínculo entre evaluación y condiciones laborales (Gil Antón, Educación Futura, 6 de mayo del 2019). Aunado al tema del Servicio de Carrera Profesional del Magisterio y el Sistema Permanente de Actualización y Formación Continua, para la formación del docente. Lo anterior es importante, puesto que representa un retorno del Estado ahí donde se habían generado ciertos vacíos. No obstante, en lo estrictamente educativo, el proyecto del gobierno está quedando a deber.
Me explico: no estamos ante un proyecto que aspire a una transformación de fondo del sistema educativo mexicano, sino ante una propuesta de reforma a la reforma de Peña Nieto. Camino que debió plantearse desde un inicio, si el objetivo consistía en reformar solamente.
Ahora, donde antes había una educación enmarcada bajo un principio de “calidad”, ahora se plantea como de “excelencia”; donde antes se planteaba una educación obligatoria hasta Bachillerato, ahora se plantea que se extienda hasta universidad; donde antes había evaluación del docente para el acceso y permanencia en el sistema educativo mexicano, ahora se presenta una evaluación, pero con un carácter formativo; donde antes se tenía un INEE, ahora se propone un Centro para la Mejoría de la Educación, con autonomía técnica, pero no financiera y jurídica; donde antes había un Servicio Profesional Docente, ahora se plantea un Sistema de Carrera.
Los cambios que se proponen son importantes, desde luego, y cumplen además con un objetivo clave en este proceso: satisfacen las demandas de los actores que mantenían un conflicto con la reforma de Peña Nieto. Y aquí radica el problema: la reforma que plantea el gobierno federal opera para destrabar una problemática política -la evaluación docente y la restitución de los derechos laborales de los maestros-; pero no nos resuelve el futuro de la educación de cara al siglo XXI. ¿Qué aprendizajes y competencias requieren nuestros niños para los próximos 20 años? ¿Está integrada esta preocupación en la actual reforma educativa? No. La virtud de la reforma del presidente radica en la preocupación genuina que se observa en hacer efectivo el derecho a la educación en México. Así como el reconocer la importancia social de los maestros.
No obstante, se tienen “ausencias” importantes. Señalamos dos: a) Transparencia en el acceso al sistema educativo nacional, tanto de maestros como de directivos; y b) Planteamiento de metas en términos de aprendizaje, calidad y excelencia -cualquier cosa que eso signifique-. En cuanto al primer punto, se tiene un elemento que ya ha sido señalado por los críticos de la reforma: en el artículo 16 transitorio “se establece que las condiciones laborales del magisterio serán regidas por el apartado B del artículo 123 constitucional, que otorga derechos de escalafón para los trabajadores”. La oposición ha percibido esto -señala Alonso Ruiz- como una grieta que puede ser aprovechada por el sindicato para influir, nuevamente, mediante comisiones mixtas, en el manejo de las plazas docentes (Educación Futura, 6 de mayo del 2019). Si esto es así, -y en esto coincidimos con el autor- se estaría empoderando nuevamente el SNTE y la CNTE. Lo cual terminaría por minar la reforma educativa del presidente en su conjunto.
En cuanto al segundo punto, el establecimiento de metas en términos educativos tampoco se observa en el Plan Nacional de Desarrollo, que recién se acaba de presentar. Existe un compromiso de garantizar el derecho a la educación; pero no hay parámetros establecidos respecto a dónde se pretende llegar en este periodo de gobierno en términos de “excelencia educativa”.
Para algunos académicos -como el caso de Gil Antón, catedrático e investigador del COLMEX- la reforma del presidente López Obrador se trata de un documento pragmático, no programático. Se solventan intereses y se satisfacen derechos. En ese sentido, el documento se remite a un “salir bien librados” en términos políticos con los actores en conflicto en la agenda educativa. Y señala de forma crítica:
“El largo periodo de transición, al que se puede añadir el tiempo previo durante la campaña presidencial, no se aprovechó para generar un proyecto educativo sólido y coherente (…). Al tamaño del reto que se propone la actual administración, le correspondía un programa de transformación educativa equivalente” (Educación Futura, 6 de mayo del 2019).
La última parte es clave. En efecto, un proyecto a la altura de una Cuarta Transformación le correspondía un proyecto educativo a ese mismo nivel. Pero en lugar de ello, se opta por reformar la reforma. Y con ello los propios promoventes le quedan a deber a la Cuarta Transformación en una de las agendas claves, la educativa.
No obstante, con la reforma –talcomo se tiene en el dictamen que se aprobó en la Cámara de Diputados- se avanzará en materia de derecho a la educación en México. Y posiblemente en cuanto al acceso y permanencia de los alumnos en bachillerato y en el nivel universitario; así como en cuanto a las condiciones laborales de los maestros. Y seguirá pendiente en México, la gran reforma educativa que se requiere de cara al siglo XXI.
Pensamos que esta era la oportunidad para ello, pero la realidad política se impuso. Por lo tanto, habrá que aquilatar los avances del proyecto social del presidente. Y esperar mejores vientos para fortalecer el proyecto educativo.
Un apunte final: la reforma educativa podría redituarle beneficios políticos al presidente. O al revés, le podría generar una mayor confrontación mediática con organizaciones civiles, académicos y demás. Va a depender de por dónde vengan las leyes secundarias. Ese es otro debate.
*Investigador Titular del Centro de Investigación e Innovación Educativa del Sistema Educativo Valladolid (CIINSEV)
