Si hay algo que salen debiendo los sindicatos en México y en Sinaloa con sus agremiados y con la ciudadanía en general, eso es el uso adecuado de los recursos públicos que reciben, de hecho estos entes fueron de los últimos que se consideraron sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, pero aun así, dan la batalla para no entregar información pública.
Uno de estos sindicatos que tiene bajo una bóveda el manejo de los dineros de los trabajadores, es el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (STASE), el cual es dirigido por un cacique desde las sombras.
El STASE cometió este segundo semestre del año un acto inaudito en plena era de la transparencia, y es que se amparó ante los juzgados federales para no revelar lo que esconde bajo llave, son poco más de 92 millones de pesos que recibió por parte del Gobierno del Estado, como parte de los apoyos y cuotas convenidos en el contrato colectivo de trabajo, los que se desconocen el destino que tuvieron.
Esta cantidad nada más del periodo de la dirigencia sindical de Teresa Ochoa Pérez, quien fue secretaria general de 2020 al 2023. Su antecesor, Gabriel Ballardo, es quien en realidad mueve los hilos del poder al interior del sindicato, algo así como Daniel Amador Gaxiola maneja el SNTE 53 y Héctor Melesio Cuén Ojeda la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Y así como la rectora Sylvia Paz Díaz Camacho está dejando a su sucesor, ¿qué tendrán los cacicazgos político-económicos que nadie quiere dejarlos? Poder y dinero, señores muy ventajosos.
El diablo está en los detalles
En junio de 2023, un mes después de que Michel Benítez Uriarte, sobrino político de Gabriel Ballardo, llegara a la secretaría general del STASE, sindicalizados comenzaron a solicitar los documentos de cómo ejerció Teresita Ochoa los 92 millones de pesos mencionados.
La respuesta del área de Acceso a la Información del STASE es una joya, como el meme de “Mi primera chamba”, al justificar que, debido a que la información requerida era de la administración pasada, el sindicato se veía impedido para entregarla.
Desde luego, la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública revocó la respuesta y le pidió, por ahí de octubre pasado, informar sobre el destino del recurso público y hasta entregar facturas y documentos comprobatorios, pero el Sindicato tramitó tres amparos ante los jueces de distrito de Sinaloa.
¿Hasta dónde es el miedo de Gabriel Ballardo y sus acólitos como Teresita Ochoa y Michel Benítez, que intentan ir en contra de la ley?
Al inicio de diciembre Benítez declaró que el Stase se desistió de los amparos y que entregarían la información requerida, pero no lo ha hecho. En la Plataforma Nacional de Transparencia, todos los aparatados del artículo 95 de la Ley de Transparencia, están sin usarse. Tienen nuevecita la página y siguen bien a gusto de no cumplir con las obligaciones que exige el marco normativo.
Así como el gobierno de Rubén Rocha Moya, que dice combatir la corrupción en instancias como la UAS -el caso célebre del sexenio- donde también está incrustado un cacicazgo político, ¿no sería factible investigar las cuentas pendientes de los líderes sindicales? Al tiempo se sabrá.
Por lo pronto la Auditoría Superior del Estado ya tiene en su poder una denuncia, a la que le podría dar trámite o no, ojalá más que sí, así como lo ha hecho con la Universidad de Cuén.
