A principios de diciembre pasado, el Juez Séptimo de Distrito con sede en Los Mochis otorgó una suspensión definitiva a favor de los productores de camarón en Sinaloa, para efectos de que el gobierno mexicano detuviera la importación del camarón ecuatoriano al país.
Desde hace más de mes y medio, el órgano jurisdiccional ha comunicado a las aduanas mexicanas que se abstengan de darle trámite a la entrada del crustáceo, ya que según argumentan los quejosos -en este caso los agremiados a la Confederación de Organizaciones Acuícolas en el estado de Sinaloa, A.C.- se comercia de forma desleal, con precios por debajo del producto nacional, pero además este camarón, traído principalmente de Ecuador, no tiene la revisión sanitaria suficiente, por lo que pone en riesgo al consumidor mexicano.
Cabe aclaración que no se trata solamente de camarón ecuatoriano, sino de otros países sudamericanos, que al costar menos en el territorio nacional, abarata la producción en el país. Más de 50 mil toneladas métricas al año se están reportando por parte de estos empresarios, que impacta en 10 mil millones de pesos anuales.
De hecho, en diciembre, muchas granjas acuícolas de Sinaloa decidieron “enhielar” o “freezear” su cosecha en espera de mejores precios, lo que afectó, desde luego, a cientos de trabajadores que vieron afectadas sus finanzas al no haber venta.
Y es que como reporta la Confederación, la suspensión definitiva otorgada por el juez federal, no ha evitado que siga la guerra del camarón, pues las toneladas del crustáceo ha seguido filtrándose por la frontera sur, el posible modus operandis: revolver mercancía guatemalteca o de otro país centroamericano con el sudamericano… o sencillamente corrompiendo.
Si bien en algunos puntos de venta de Sinaloa no se reporta como tal “el camarón ecuatoriano”, ¿quién nos dice a nosotros a los amantes de los aguachiles y campechanas que el producto que consumimos es mexicano legítimo o viene mezclado con el que le hace la guerra al nacional?
En la mira el abuso policial en Mazatlán
En Mazatlán, el acceso a la legalidad y seguridad jurídica, violación a la garantía de audiencias y debido proceso son los derechos humanos más vulnerados; además de que el Ayuntamiento porteño fue en 2023 la autoridad con más recomendaciones hechas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con nueve, todas por abuso policial
Lo más grave de este asunto es que el panorama no es distinto a los años anteriores, ya que en 2022 el Ayuntamiento también fue la autoridad que más recomendaciones recibió, ocho de 24, seis por abuso policial. Y en 2021, de las 20 recomendaciones que se emitieron siete las tuvo este municipio, cinco de las cuales fueron también por abuso policial.
¿Y qué pasa con estas recomendaciones al llegar a la Secretaría de Seguridad Pública? Solo cursos de capacitación, pero sanciones a los responsables, ninguna, por lo que no hay certeza de que sean determinantes en el actuar de los elementos policiacos.
Desde finales de 2022 a la fecha, en el puerto son más de 150 elementos los que están bajo investigación por distintas irregularidades cometidas, pero al ser procedimientos tardados, hasta el momento no ha generado bajas de personal.
En Mazatlán solo el 4.9 por ciento de las quejas ciudadanas que recibe la CEDH dan lugar a una recomendación en contra de las autoridades. En 2023 se recibieron 181 quejas, de las cuales solo nueve terminaron en recomendación, mientras que en 2022 fueron 180 quejas por solo ocho recomendaciones.
Y a nivel estado la realidad no es distinta, de enero a octubre del año anterior se recibieron 3 mil 256 quejas y solo se emitieron 26 recomendaciones. Impunidad, esa es la realidad en el puerto y el estado.
