Con el más reciente informe de la Auditoría Superior del Estado, de la cuenta pública del 2022, revela que los 18 municipios de Sinaloa se volvieron adictos a la adjudicación directa, un procedimiento que si bien es contemplado en la Ley de Obras Públicas, es el menos recomendable para la asignación de contratos públicos a empresas privadas.
¿Por qué razón? Especialistas en transparencia advierten que la asignación directa de obras o de compras en general, conlleva menos vigilancia y más discrecionalidad, pues al no someterse a un concurso público, en el que empresas y particulares pueden llevar sus propuestas, se pudiera incurrir en actos de corrupción.
¿Por qué? Por la sencilla razón que el contrato no se somete a una participación integral, sino que es designado directamente a un contratista, bajo criterios poco claros.
Sin embargo, la Ley sí permite hacerlo siempre y cuando no supere el millón 800 mil pesos el monto, aunque la ASE, en su calidad de ente fiscalizador, recomienda que no se use al grado que ahora muchos municipios fueron observados que utilizaron este método en más del 90 por ciento de las obras y algunos incluso hasta el 100 por ciento.
Iniciativa Sinaloa es una de las asociaciones en materia de transparencia que ha denunciado esta irregularidad, y en su análisis concluye que, administraciones van y administraciones vienen, pero los gobiernos insisten en usar métodos poco transparentes para la asignación de la obra pública.
Esto genera, dicen, una posible monopolización de la obra pública, corrupción que conlleva a una baja calidad de lo que se construye o hace, como calles que luego se llenan de baches. Incide, señala Iniciativa Sinaloa, en obras de mala calidad.
De ahí que es importante que la sociedad vigile y exija mejores controles de transparencia respecto al ejercicio público de los recursos, porque por ejemplo, en Ahome en el gobierno de Gerardo Vargas Laneros, se entregó el 94 por ciento de contratos bajo este esquema y se privilegió además a 7 empresas. ¿Son sus cuates de viejas cuotas? Eso amerita otra investigación.
Las torres de papel del Malecón
Tras el paso devastador del huracán “Otis” en el puerto de Acapulco, las alarmas se encienden en Mazatlán debido a las decenas de torres departamentales que se construyen sobre el malecón y la zona turística.
Y es que muchas de estas edificaciones se levantan con materiales que no aguantarían un huracán categoría 5 como el que impactó Acapulco y al existir un vacío legal que regule la seguridad de estos inmuebles, la vulnerabilidad en paredes, pisos, ventanas y estructuras es muy alta, lo que pondrá en riesgo a quienes habitarán en ellos.
Actualmente hay alrededor de 90 proyectos de este tipo por toda la zona costera, desde Olas Altas hasta Cerritos, sin embargo no existe un marco jurídico claro en materia de construcción que garantice la seguridad en este tipo de estructuras que se construyen sólo pensando en el beneficio económico que generan. Más del 50 por ciento de ellos sobrepasa los 20 niveles de altura, que es lo permitido, lo que aumenta el riesgo ante los fenómenos meteorológicos.
Los desarrolladores presumen que se realizan con los más modernos materiales, incluso aseguran que resisten vientos de hasta 280 kilómetros por hora, sin embargo no son lugares seguros en una emergencia.
Mazatlán tiene que aprender de lo que le pasó a Acapulco, hay que inspeccionar, revisar muy bien todo lo que conlleva la construcción de una torre de este tipo.
Se debe crear un comité de vigilancia, en el que estén involucrados los colegios de ingenieros y arquitectos, que se cumpla con la normatividad y se asegure para el puerto un desarrollo ordenado que minimice los riesgos y vulnerabilidad de las construcciones en la ciudad.
Es cierto, representan un beneficio económico para la ciudad, pero en un futuro se pueden convertir en un serio peligro.
