Mazatlán. Sin-. En pro de los derechos vulnerados de los niños y niñas, en algo tan esencial como es la salud, un grupo de abogados en Mazatlán, conformado por Paola Luévanos Carrillo, Héctor Flores Salazar y Gabriel Arce Ortega, han promovido una serie de amparos para que menores de edad sean inoculados contra el covid-19.
A la fecha se ha concedido la suspensión y se ha vacunado a dos menores de 12 y 14 años y recientemente se promovió tres juicios de amparo para aplicar el biológico a dos menores de 10 años y uno de cinco.
También puedes leer: Niñas y niños listos para exponer sus propuestas en el Parlamento Infantil 2022
Flores Salazar señaló que a los tres juicios de amparo que él promovió, dos en Culiacán y uno en Mazatlán, se les negó la suspensión en primera instancia, tanto provisional como definitiva, debido a que los jueces se basaban en que no había vacuna alguna autorizada por la Cofepris para ser aplicada a menores de edad.
Agregó que esto fue en el mes de febrero y posteriormente el 10 de marzo la Cofepris emitió un comunicado, en respuesta a un amparo al Juzgado Segundo de Distrito en Oaxaca, en el que dio a conocer que desde el día 3 de marzo dicha comisión autorizó el uso de emergencia (autorización temporal) la aplicación del biológico Pfizer- BioNTech Covid-19 Vaccine, para la aplicación en el grupo de personas de 5 años en adelante; sin embargo, dijo, esto no lo difundió el gobierno federal, sino que se enteraron a través de redes sociales.
"En mis expedientes yo ya solicité una reconsideración por parte de los jueces para que revoquen la negativa suspensión y me concedan la suspensión en base de sus nuevos datos que salieron. El Juzgado Décimo me otorgó una suspensión provisional, pero no me ordena vacunar al menor, mientras que el Juzgado Tercero y Cuarto en Culiacán no le hicieron caso a mis argumentos", agregó.
Añadió que al estar ya autorizada la vacuna para su aplicación a menores de 5 a 11 años, los jueces de distrito no deben de poner ningún pretexto para otorgar la suspensión.
"Ahora el problema que hay es que las autoridades de Salud ponen de pretexto de que esa vacuna no la tienen aquí en el país, eso no es problema de la población, el gobierno tiene que ver la manera de dónde comprarla y traerla para su aplicación", añadió
Ante este panorama, indicó que ya solicitó, se revoque la negativa de la suspensión que se le había otorgado en un principio y pese a que el Juzgado Décimo le otorgó la suspensión provisional no le ordenó la vacunación, por lo que también se interpuso un recurso de queja a su superior.
Por su parte, Luévanos Carrillo comentó que las autoridades han caído una actitud bastante burócrata, ya que el tiempo que transcurre desde que se obtiene la suspensión a la fecha de aplicación pueden llegar a pasar hasta cinco meses.
"Los juzgados solicitan a las autoridades competentes que rindan el informe correspondiente donde manifiesten el día, lugar, hora y qué médico va a checar al menor, sin embargo, por experiencia, los oficios se le turnan al director del Hospital General aquí en Mazatlán, y el director ha tenido una actitud bastante burócrata", comentó.
Explicó que la actitud del director del nosocomio ha sido reiterativa en no responder a las solicitudes ni a los recordatorios, aludiendo a que todo lo torna Culiacán, es ahí, ese proceso de respuesta, dónde pueden llegar a pasar hasta cinco meses para que finalmente el menor de edad pueda recibir la vacuna.
"No agiliza, él como médico, creo que debe de poner su profesión, su experiencia y su conocimiento, es lamentable la forma en cómo maneja una respuesta a un derecho constitucional, no es un favor o una gestión, es un derecho que tienen los menores", explicó.
Lamentaron que los derechos de los niños y niñas, en algo tan esencial como la salud, sean cada vez más vulnerados; en los hospitales pediátricos hay insuficiencia de medicamentos y un mal servicio, las citas para los niños con cáncer son cada vez más aplazadas y los padres de familia sufren un laberinto para poder llegar a sus medicamentos y quimioterapias.
