/ lunes 18 de marzo de 2024

Procesos contra funcionarios de la UAS no se resuelven con pláticas: Rocha Moya

El poder Ejecutivo y las autoridades universitaria ya tuvieron una reunión con el gobierno federal

Culiacán, Sin. -Los procesos judiciales contra funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa no serán resueltos por arreglo político, refirió el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

El titular del Poder Ejecutivo local ya se reunió con las autoridades de la UAS y la secretaria de Gobierno Federal.

También puedes leer: FGE informa que tribunal niega violacion a la UAS por separación del rector

El mandatario del estado indicó que en dicha comparecencia solo se expusieron ambas posturas y negó que pueda haber un acuerdo que culmine en el retiro de cargos.

Dentro de las acusaciones está el presunto desempeño irregular de la función pública por compras que se presumen como irregulares.

“No podemos meternos a qué, a suspender judicializaciones, eso no está en nosotros, no lo permite la ley, no es posible. No puede haber acuerdo”, reiteró.

Entre los indiciados está el rector Jesús Madueña Molina, quien fue separado del cargo, Robespierre Lizárraga Otero, encargado del despacho de rectoría, y los integrantes del Comité de Adquisiciones.

Estas acciones legales son consideradas por las autoridades de la Casa Rosalina como una persecución política derivada por la oposición de la implementación de la Ley de Educación Superior del Estado, ya que esta última es inconstitucional según los universitarios.

Culiacán, Sin. -Los procesos judiciales contra funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa no serán resueltos por arreglo político, refirió el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya.

El titular del Poder Ejecutivo local ya se reunió con las autoridades de la UAS y la secretaria de Gobierno Federal.

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El mandatario del estado indicó que en dicha comparecencia solo se expusieron ambas posturas y negó que pueda haber un acuerdo que culmine en el retiro de cargos.

Dentro de las acusaciones está el presunto desempeño irregular de la función pública por compras que se presumen como irregulares.

“No podemos meternos a qué, a suspender judicializaciones, eso no está en nosotros, no lo permite la ley, no es posible. No puede haber acuerdo”, reiteró.

Entre los indiciados está el rector Jesús Madueña Molina, quien fue separado del cargo, Robespierre Lizárraga Otero, encargado del despacho de rectoría, y los integrantes del Comité de Adquisiciones.

Estas acciones legales son consideradas por las autoridades de la Casa Rosalina como una persecución política derivada por la oposición de la implementación de la Ley de Educación Superior del Estado, ya que esta última es inconstitucional según los universitarios.

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