Mazatlán, Sin.- Un grupo de personas apoyados por el Movimiento Amplio Social Sinaloense realizó una marcha sobre el tramo de paso de la carretera Internacional de Villa Unión para exigir terrenos para familias de desplazados que residen en esa comunidad y familias vulnerables, así como más y mejores servicios públicos.
Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, coordinador del MASS, señaló que alrededor de 500 familias de desplazados por la violencia en la sierra de Sinaloa, viven desde hace tres años en Villa Unión, en casas prestadas o rentadas, por lo que se solicitan terrenos donde puedan construir un patrimonio familiar para toda la vida.
Asimismo, indicó que hay otro grupo de personas vulnerables en extrema pobreza que también requieren de un lugar donde vivir, además de que los villaunenses demandan más y mejores servicios públicos.
Los manifestantes pidieron la destitución del actual síndico de Villa Unión, Alonso Valenzuela Alatorre, quien fue nombrado por el cabildo el pasado 3 de julio, en sustitución de José Martín Osuna Rodríguez, y demandaron la designación de uno nuevo, pero que viva en ese poblado, ya que el que está reside en la sindicatura de El Roble.
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“La ciudadanía no encuentra respuesta a sus necesidades de servicios públicos solo se dedican a los cobros municipales como impuesto Predial, por derecho de piso y otros que solamente lastiman a la ciudadanía y no se encuentra respuesta a esos pagos que se hacen”, se lee en un comunicado que el MASS dirige al gobernador Quirino Ordaz Coppel y al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.
Argumentaron que la ley establece que las encargadas de dar respuesta a los problemas sociales como el desplazamiento forzado son la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Administración y Finanzas, según acuerdo aprobado por el Congreso del Estado el pasado 9 de julio y publicado el 21 de agosto del año en curso.
De igual forma, la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa es responsable de dar respuesta a la construcción y promoción de viviendas para las personas no afiliadas a un régimen de vivienda, en coordinación con los ayuntamientos.
“Ante esta falta de respuesta solicitamos su inmediata intervención para buscar respuesta positiva a estos y otros problemas de servicios públicos que hasta hoy estamos padeciendo”, concluye el documento.
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