Hace unos días observé un programa donde se presentan una serie de emprendedores buscando financiamiento para sus proyectos de inversión. Uno de esos emprendedores presentó un proyecto denominado “Homework Dealer”, el cual consistía en una plataforma con la cual se ofrece un servicio muy peculiar “ofrecen hacerte la tarea a cambio de un pago”. La CEO que está detrás de esta idea de negocio, es una chica de escasos 25 ó 26 años, de nombre Sofía -el cual no es su nombre real, lo utiliza solamente como referencia-, y afirma que cuenta con una red de 41 colaboradores. El modus operandi que se utiliza es muy sencillo: el “cliente” se pone en contacto con la empresa a través de la plataforma, expone el tipo de tarea que necesita que le hagan, y Sofía pone a consideración el trabajo solicitado con sus colaboradores en una especie de subasta. Estos ponen el precio de la tarea y se le hace saber al cliente. Este paga por adelantado y decide cuál de los colaboradores le hacen el trabajo. El 70% del pago va para el colaborador y el 30% se queda en manos de Sofía. De acuerdo con esta última, en un año tiene ganancia de 1.5 millones de pesos, de los cuales 450 mil se quedan en su cuenta.
“Las tareas más caras -afirma Sofía- superan los diez mil pesos, estamos hablando de tesis o trabajos de grado académicos más elevado, y los trabajos más baratos van por 200 ó 300 pesos”. Y agrega, que como ventaja de Homework Dealer “es que se ofrecen trabajos personalizados y nuevos, a diferencia de otros, donde cualquier persona puede descargar algún ensayo y entregarlo a su profesor sin saber si otra persona ya lo utilizó” (Vice, 28 de febrero del 2018).
Un elemento adicional: cuando uno de los inversionistas le pregunta que si está consciente de que lo que está presentando es un negocio “amoral”, Sofía responde sin rubor alguno “amoral sí; pero no ilegal”. Y agrega -palabras más palabras menos- “que ella no tiene la culpa, aprovecha una falla del sistema educativo y la constituye en oportunidad de negocio”.
Detengámonos en esto último: el calificativo de “amoral” que señalan los inversionistas es correcto; pero Sofía es efecto de las debilidades de nuestro sistema educativo. El sistema capitalista funciona a partir de que se satisfacen necesidades y el sistema educativo está generando estas oportunidades de negocio a partir de que se dejan tareas a los alumnos para las cuales no están posibilitados para realizarlas -si la tarea no se corresponde con los contenidos observados en clase-; o si los maestros evalúan de acuerdo con la entrega de trabajos solamente, sin que haya intermediación de una revisión a fondo de éstos.
Por otra parte, lo que está haciendo Sofía está operando para otros niveles educativos -básica y media superior-. Y ella no es la única que está en el negocio. Se tienen otros sitios en páginas web donde se ofrecen servicios de este tipo. Y el punto es: mientras desde los escritorios de la Secretaría de Educación Pública se articulan una reforma educativa tras otra en aras de elevar la calidad educativo -y con ello los aprendizajes-, en la realidad está operando toda una red de empresas que le están gestionando las calificaciones a los alumnos. Lo cual no es un indicativo de que nuestros alumnos estén aprendiendo. Más bien, es un indicativo de cómo se entiende el tema de la escuela “como una instancia a la cual se acude para sacar un documento, el cual no te va a servir de mucho para encontrar un trabajo en el mercado”. O, en otras palabras: “la escuela es una estación por la cual hay que pasar, pero no es la más importante para construir tu alternativa de vida. Esta corre por otras vías, y tiene un vaso comunicante más cercano con los contactos y las relaciones que con las competencias profesionales”. El punto anterior nos lleva a un “desempoderamiento” de la escuela y del sistema educativo. Lo cual es un tema grave, porque si la escuela pierde legitimidad como instancia formativa, impacta en todo el sistema social.
Asimismo, el tema contiene otras aristas, pero nos gustaría centrarnos en un aspecto de carácter interno. En el caso de la educación básica, el problema se ubica en el exceso de contenidos que recibe el alumno. Contenidos constituidos en tareas que en muchos de los casos terminan haciendo los papás, o en su defecto, en una instancia como la de Sofía. Así como en el sistema de formación que se tiene al interior de las escuelas -sobre todo en el caso de la educación universitaria-. Si la formación se desarrollase de forma planeada a lo largo del semestre y con proyectos desde un inicio, se evita el que al final se evalúe con un solo trabajo -y con una complejidad elevada-; porque en esas circunstancias, el alumno tiene que recurrir a instancias como las que aquí se señalan para que lo saquen del problema. En esas condiciones, la escuela se constituye en una agencia requisitual que se solventa al final de cada periodo escolar donde el alumno acredita la materia; pero no aprende.
Así pues, estamos ante una debilidad del sistema educativo donde algunos actores -como el caso de Sofía- la han observado desde hace un buen tiempo y la han trocado en una oportunidad de negocio. ¿Es inmoral? Sí, por supuesto, y no debería de presentarse. No obstante, el negocio en el capitalismo opera ahí donde se tienen oportunidades para mejorar la satisfacción de un servicio o donde se encuentran fallas, como es el caso que nos ocupa. Empero, si un alumno recurre a un servicio de este tipo no solamente representa una “trampa” de su parte, sino también un fracaso del sistema educativo. ¿O no?
Un último elemento: el 29 de marzo del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo 11/03/19, en el cual se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje en educación básica. En el artículo 2 de ese acuerdo, se establece como criterio de evaluación: 1) Que debe tomar en cuenta la diversidad social, lingüística, cultural y capacidades de los alumnos (fracc. I); 2) La evaluación debe formar parte de la planeación didáctica que hacen los docentes y sus resultados han de utilizarse para retroalimentar su práctica pedagógica (fracc. II); 3) Los criterios deben ser de conocimiento público de padres de familia, alumnos (fracc. III); y los resultados de la evaluación habrán de analizarse con los estudiantes, madres y padres de familia (fracc. IV).
Y se define como Acreditación: al “Juicio mediante el cual se establece que un alumno cuenta con los conocimientos y habilidades necesarias en un grado escolar o nivel educativo según se establece en el Acuerdo 12/1017” (Art. 5, fracc. I).
En el papel, estamos de acuerdo con lo que se establece en el presente acuerdo en lo que respecta a la evaluación, en la realidad… las instancias como las que representa Sofía nos recuerdan que el sistema no está funcionando en sus principios.
*Investigador Titular del Centro de Investigación e Innovación Educativa del Sistema Educativo Valladolid (CIINSEV)
