Hace unos días el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que “si no había acuerdos para que avance su propuesta -que deroga la Reforma Educativa- dejará las cosas como estaban antes del cambio constitucional del 2013” (El Universal, 8 de abril del 2019). Tal declaración contiene varias lecturas. Lo primero, es que se tiene un problema normativo, porque habrá que observarse si en términos reales eso de “dejar las cosas como estaban antes de la reforma del 2013 es posible”. Además, en materia de política pública en educación -como señala Sylvia Schmelkes- se avanza en un marco de tradición y cambio (Educación Futura, 9 de abril del 2019). No se declara “hay que dejar las cosas como estaban”, sobre todo si ya se identificaron los problemas que se tiene que enfrentar y, en su defecto, resolver.
En segundo lugar, la declaración del presidente se entiende más como una respuesta al chantaje que los actores como la CNTE -y el SNTE, en cierta forma- le están generando ante su negativa de apoyar la iniciativa del Ejecutivo. Ello se debe, como es dominio popular, porque cada una de estas organizaciones busca proteger sus intereses políticos y económicos que tienen en torno a la educación -el control de plazas y el dominio de la nómina del magisterio-. Ante ello, el planteamiento del presidente se instala en el mismo nivel: “si no respaldan la reforma, les dejo las cosas como estaban. Y en esas condiciones los más afectados serán ustedes”. Lo cual significa en los hechos, un chantaje para los opositores, puesto que el mensaje es el siguiente: “o avanzamos o ustedes se quedan en la condición de vulnerabilidad que estaban con la reforma del 2013”.
En tercer lugar, la declaratoria del presidente hay que situarla en una condición de chantaje; pero, por otra parte, es una declaración desafortunada. El proyecto de la reforma educativa es un proyecto clave para su gobierno y para la Cuarta Transformación en su conjunto. Si se pretende desarrollar un gobierno que transforme las estructuras económicas y sociales del país, se requiere de un proyecto educativo que lo respalde. Y para muestra lo siguiente: En México se tiene una experiencia histórica para ejemplificar lo anterior: en la décadas de desarrollo estabilizador -el cual es la referencia económica de López Obrador- en nuestro país se tenía un modelo educativo fincado en la “Unidad Nacional”, el cual “incorporó valores a la filosofía educativa como la libertad, la democracia como forma de vida, justicia y aspiración a la convivencia pacífica en el plano internacional” (Cfr. Latapí Sarre, “Un siglo de educación en México”). El proyecto educativo acompañaba al modelo económico de desarrollo. El propio modelo económico neoliberal adecuó el modelo educativo para integrarle elementos vinculados a la economía de mercado, a propósito de la integración económico-comercial que experimentó la economía mexicana con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá en 1992. Un proyecto como el de la Cuarta Transformación requiere un proyecto educativo, y el presidente de la república tendría que dar la batalla férreamente contra esos poderes fácticos que atentan contra la educación de los niños en México y los derechos laborales delos maestros. Esa es la postura que esperamos del presidente, no la de “cancelo la contrarreforma y dejo las cosas como estaban”.
Por otra parte, el ejercicio del poder conlleva inexorablemente la existencia de desacuerdos. Es una condición sine qua non en política. Los tuvo Obama con el Obamacare, pero al final lo sacó adelante. Los tiene ahora la primer ministro de Inglaterra, Theresa May, con el Brexit; los tiene Trump con los demócratas en varios frentes. Los tiene Merkel, en Alemania; Macri en Argentina; o Macron en Francia. Es parte del ejercicio del poder. La tarea del gobernante entonces consiste en negociar con la oposición y lograr acuerdos en la agenda de gobierno. Si la reforma educativa se atora y no avanza -como se tiene hasta el momento- y finalmente termina por no aprobarse nada, representaría un costo muy alto para el presidente López Obrador. En su mensaje intenta arrinconar a la oposición en el sentido de que se avanza en los acuerdos o de lo contrario “los afectados serían las cúpulas sindicales que se oponen -y con ellos todos los maestros-“; pero en realidad, el mensaje es el siguiente: “o avanzan o ambos van a salir perdiendo”.
En efecto, si no se aprueba una reforma educativa, el gran perdedor es el presidente de la república. Lo sería en dos sentidos: 1) Porque significaría que estamos ante un gobierno imposibilitado para construir mayorías para avanzar en la agenda de gobierno; y 2) Que, en lo referente a la Cuarta Transformación, se tendría a una mesa con tres patas, donde la Equidad -concepto estratégico en el proyecto de gobierno- estaría ausente en lo referente a la agenda educativa.
Por último, nos resta señalar lo siguiente: en la colaboración de la semana pasada, un servidor planteaba una interrogante: ¿qué hacer con la CNTE? La interrogante es más que pertinente para este momento en el que estamos en la discusión de la reforma educativa. Y la disyuntiva sigue en la mesa: o el presidente la confronta o acuerda con ella. Las dos vías contienen un nudo gordiano: si se confronta, el escenario previsible es una situación de caos por parte de la CNTE en las vías públicas. Ese es el escenario que mejor conoce esta organización sindical. Y el acuerdo con la CNTE de igual forma es poco viable: dejarle en las manos el manejo de la nómina y de las plazas docentes tampoco es la salida. De ahí la expresión del “nudo gordiano”, un nudo que no tiene solución.
Hay otro problema que se suma al escenario: la maestra Elba Esther Gordillo. En días pasados marcó distancia de López Obrador y de la reforma educativa. Y con ello se tiene otro problema: ¿Qué hacer con Elba Esther? Es otro actor que conoce las entrañas del aparato sindical. Y tiene dominio de la presión política.
Así, la reforma educativa está instalada en un escenario de chantajes y desacuerdos. Y hasta el momento no se observa cómo podría destrabarse este escenario. El presidente -según ha trascendido- esperaba aprobar la reforma antes de que se terminara este periodo de sesiones -es decir, en este mes de abril-. No se observa que ello pueda ser posible. Algunos legisladores han manifestado que se habra un periodo extraordinario en mayo, para llegar a los acuerdos pertinentes. Lo cual es correcto. Pero el problema radica en lo siguiente: el presidente López Obrador se propuso como objetivo el sacar la reforma educativa con la mayoría de los consensos, para dotarle de la legitimidad debida. Algo que no ocurrió con la reforma peñista. No obstante, los consensos no se alcanzan, porque los intereses no están satisfechos. Es así de simple. Es un asunto de intereses.
*Investigador Titular del Centro de Investigación e Innovación Educativa del Sistema Educativo Valladolid (CIINSEV).
