Mientras las calles y playas de Mazatlán viven inundadas de drenaje debido a los desbordamientos que se tienen en la ciudad, en el presupuesto de obra pública para 2024 se destinó solo el 26.98 por ciento (unos 109 millones de pesos) a proyectos que ayuden a solucionar esta problemática.
Una vez más, los servicios públicos quedaron rezagados para darle prioridad a proyectos de pavimentación, que con 131 millones de pesos se llevan la mayor parte de los 405 millones de pesos presupuestados.
Y aunque también ese segmento es importante para una ciudad que se encuentra en constante crecimiento, las autoridades no le dan prioridad al mayor problema que tiene Mazatlán, donde en las últimas tres semanas se han registrado constantes derrames de drenaje al mar en la zona de Olas Altas, por fallas en el colector Roosevelt, en un grave acto de contaminación.
Incluso en diciembre pasado la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios decidió cerrar el acceso a esa zona luego de que el muestreo de Playas Limpias Invierno 2023 que se realizó en el puerto arrojó que la playa de Olas Altas no era apta para uso recreativo ante altos índices de contaminación por bacterias fecales.
La situación del drenaje en Mazatlán está fuera de control, ya que en 20 años que se tiene realizando este estudio, nunca una playa mazatleca había sido cerrada al público por contaminación.
Y los derrames no ocurren solo en las playas, también en las colonias, donde las calles permanecen inundadas por varios meses debido a la falta de compromiso de la Jumapam.
Si no se hace algo pronto Mazatlán perderá en poco tiempo todo lo que ha ganado con el desarrollo inmobiliario y el crecimiento para la zona norte, porque ¿quién va a querer venir a vacacionar a un puerto en donde sus playas huelen a drenaje?
Los niños quedan en medio
Los números son un indicativo de lo que ocurre en la sociedad, de 2019 al 2023 que concluyó hace poco más de mes y medio, las cifras del delito de sustracción de menores o incapaces (personas que no se pueden valer por sí mismas), ha ido en un incremento considerable, nada más y nada menos que cerca del 250 por ciento.
Este delito, de acuerdo con el Código Penal del Estado, se configura cuando un familiar, padre o tutor, se lleva a los menores sin el consentimiento previo de una de las partes, o de quien tenga la custodia o guarda. Y su castigo van de los 3 a los 6 años de prisión para quien resulte responsable.
Lo que los datos por sí solos no explican son los motivos de fondo, los porqués esenciales que puedan responder a una problemática social. Una pista del trasfondo quizá se relacione con el aumento de la violencia familiar, un delito que las autoridades reconocen como imbatible en los últimos años, acentuado con el advenimiento de la pandemia.
La violencia familiar, la violencia vicaria y la sustracción guardan una correlación íntima que golpean sobre todo a los niños, niñas y adolescentes, y es ahí donde las instituciones tienen que hacer mejor su trabajo.
En estos delitos arriba descritos, son los menores quienes quedan atrapados en el medio, en un fuego cruzado que los castiga, lo que genera que con los años, crezca una juventud fragmentada. Y una juventud que desde niños ha sido marcada por la violencia, conlleva a repetir los mismos esquemas y patrones de agresividad en la vida adulta.
Así se alimentan los círculos viciosos al interior del cuerpo social. De ahí que resulte necesario visibilizar este tipo de delitos en el que los niños quedan a merced de la violencia de los adultos, de sus padres y familiares. En las infancias es donde el Estado y sus políticas públicas deben enfocarse siempre.
