Mazatlán, Sin.- De un presupuesto de 12 millones de pesos que se etiquetaron para el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Sinaloa, el Congreso del Estado no asignó ni un solo peso a la Coordinación de Medidas de Protección.
Jhenny Judith Bernal Arellano, directora general del instituto, manifestó que a pesar de ser autónomos, es el estado quien decide cuánto y en qué se utilizará el recurso, por lo que se han visto obligados a sacar de otras áreas para cubrir este rubro, tomando en cuenta que se han registrado más de 30 casos de periodistas y defensores de derechos humanos agredidos.
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Recordó que su propuesta presupuestal fue de 24.5 millones de pesos y el mayor concentrado era para la Coordinación de Medidas.
"Es el Congreso el que determina cuánto se nos dio, que fueron 12 millones de pesos, pero también cuánto se le a cada unidad de responsabilidad, como es la Dirección General, Coordinación de Capacitación, Coordinación de Medidas, que es el alma del instituto, porque es la que aplica las medidas de protección en nuestro presupuesto proyectado, aquí el mayor concentrado del presupuesto estaba en la Coordinación de Medidas, que eran 12 millones de pesos y la dejaron en cero", dijo.
Luego de que el pasado 5 de enero Sinaloa vivió por segunda ocasión una jornada violenta por la captura del narcotraficante Ovidio Guzmán en Culiacán, el instituto absorbió y apoyó a todos aquellos periodistas que sufrieron una agresión y perdieron sus equipos de trabajo; ello a pesar de no contar con suficiente presupuesto para esa área.
Insistió en que de los 12 millones de pesos, el 44 por ciento se va a la nómina de los 12 trabajadores que laboran en el instituto, mientras que la Comisión de Medidas está sin presupuesto.
Bernal Arellano mencionó que actualmente cuatro personas fueron sacadas de la entidad para su protección, un periodista y tres son familiares de una periodista que se encuentra desaparecida.
Más de 30 casos en Sinaloa
De junio de 2022 a la fecha se tienen más de 30 casos de periodistas y defensores de derechos humanos agredidos, que van desde bloqueos a redes sociales, desapariciones, amenazas, sustracciones de herramientas de trabajo, desacreditación en redes y actitudes violentas.
"De estos casos registrados, el 50 por ciento son por presuntas amenazas de funcionarios públicos, principalmente de policías, alcaldes, diputados y secretarios de estado", concluyó.