Culiacán, Sin.- Desde el domingo pasado, la Secretaría de Seguridad Pública -sin que le corresponda hacerlo- anunció en un comunicado que las 8 personas que faltaban por ser liberadas luego del levantón masivo de familias enteras, ya habían sido liberadas y habían vuelto a su hogar.
Sin embargo, familiares de las víctimas comenzaron a denunciar que no era así, mientras que la Fiscalía General del Estado, el órgano que tiene que informar sobre el estatus del caso, ha guardado un sepulcral silencio.
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De acuerdo con una revisión de las fichas de búsqueda enviadas por la Fiscalía, todavía se mantienen activas las de María Guadalupe Ochoa Anguiano, Aleyda Guadalupe Báez Ochoa y su hijo Eisting Karlet Valenzuela Báez, quienes fueron sacados de sus domicilios el 22 de marzo en la colonia CNOP.
También siguen en lista de búsqueda por parte de la Fiscalía las mujeres Kenia Asalto Araujo Acosta, Iris Johana Larrañaga López y Jesús Regina Urías Meraz, del fraccionamiento Los Angeles, así como Jesús Ricardo Bejarano, de la colonia Industrial El Palmito.
Sin evidencias
El domingo pasado a mediodía, el secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, envió un comunicado festivo asegurando que las 8 personas de las 66 levantadas el 22 de marzo en diferentes puntos de la capital, ya habían sido ubicadas sanas y salvas.
Incluso señaló que con esto se cumplía el objetivo de salvaguardar la seguridad de las personas, pero fue hasta el lunes en que las familias comenzaron a señalar que aún no regresaban sus seres queridos.
Hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha revelado información de estos casos, que forman parte de la lista de los 67 privados de la libertad el pasado viernes 22 de marzo, cuando grupos armados acudieron a domicilios a llevarse por la fuerza a familias enteras.
Según la narrativa oficial, el levantón masivo ocurrió debido a que líderes del crimen organizado investigaban el robo de una casa.
El sábado 23 de marzo aparecieron colgadas diversas mantas donde indicaban que no había una guerra sino que buscaban poner un alto a los ladrones de domicilios, y en otra manta se exhibió el rostro de cuatro sujetos, dos de ellos supuestos agentes investigadores de la Fiscalía local y de la federal.
De todo esto las autoridades no han informado de manera clara, a lo sumo el gobernador Rubén Rocha Moya ha intentado confirmar la narrativa que la delincuencia organizada impuso de manera mediática.