/ miércoles 10 de febrero de 2021

Condenado por Estafa Maestra busca alcaldía de Tapachula

Saúl Orduña, aspirante por el Partido Verde, evitó la cárcel al pagar una multa de sólo 12 mil 222 pesos

TAPACHULA. Ezequiel Saúl Orduña Morga se registró como precandidato a la presidencia municipal de Tapachula pese a que fue condenado a cinco meses y 29 días de prisión por participar en el caso conocido la Estafa Maestra cuando fue delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), sin embargo, libró la cárcel al pagar 12 mil 222 pesos de multa.

El Cheque Orduña, como es conocido, competirá en la elección interna del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para gobernar Tapachula, donde ya fue alcalde en el periodo 2008-2010.

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Orduña Morga ocupó la delegación de Sedesol en Chiapas de 2013 a 2016 y fue en 2018 cuando se inició la investigación de los desvíos de recursos que la dependencia federal realizó a través de universidades públicas y que mantienen a su extitular, Rosario Robles, en la cárcel.

En febrero de 2020, El Cheque fue sentenciado por el delito de ejercicio indebido de funciones y facultades, al no poder comprobar el destino de 28 millones de pesos que se asignaron en 2015 a la Universidad Autónoma de Chiapas, la cual debía crear comités comunitarios que identificaran prioridades de pobreza en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre del sexenio de Peña Nieto.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) comprobó que nunca se realizó el servicio, por lo que acusó al Cheque Orduña, quien obtuvo una pena mínima con beneficios tras negociar un procedimiento abreviado con la Fiscalía General de la República (FGR) y declararse culpable de los hechos.

La pena, impuesta en febrero de 2020, fue de cinco meses y 29 días de prisión y la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público durante el mismo periodo, sin embargo, nunca estuvo en prisión porque el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa que tomó su caso, le concedió el beneficio de la sustitución de la pena a cambio de pagar los días multa de su tiempo privado de la libertad, equivalente a 12 mil 222 pesos.

Las reforma electoral de Chiapas aprobada en julio de 2020, contemplaba que ningún ciudadano podía ser elegido si había sido sentenciado a pena privativa de libertad dentro de los cinco años anteriores a la elección. Por esta razón, Ezequiel Orduña impugnó su caso ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas, el cual determinó que no era elegible al cargo de presidente municipal.

Sin embargo, en diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo la reforma electoral de Chiapas, y el requisito de elegibilidad que le negaba a Orduña Morga la posibilidad de contender por la alcaldía quedó anulado.

En sus redes sociales, el político chiapaneco señaló que hubo una guerra sucia que intentó detener su incursión en la política. “Gracias a Dios, a pesar de la guerra sucia tal como se los había anticipado, hemos dado un paso más. Les comparto que me he registrado como precandidato a la presidencia municipal de mi natal Tapachula”, expuso.

En 2017, la investigación periodística conocida como la Estafa Maestra, basada en distintos informes de la ASF, desenredó un sistema de 128 empresas fantasma a través de las cuáles el Gobierno de Enrique Peña Nieto desvió más de siete mil millones de pesos en un esquema que también involucró a servidores públicos de distintos niveles de gobierno.




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El Cheque Orduña, como es conocido, competirá en la elección interna del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para gobernar Tapachula, donde ya fue alcalde en el periodo 2008-2010.

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Orduña Morga ocupó la delegación de Sedesol en Chiapas de 2013 a 2016 y fue en 2018 cuando se inició la investigación de los desvíos de recursos que la dependencia federal realizó a través de universidades públicas y que mantienen a su extitular, Rosario Robles, en la cárcel.

En febrero de 2020, El Cheque fue sentenciado por el delito de ejercicio indebido de funciones y facultades, al no poder comprobar el destino de 28 millones de pesos que se asignaron en 2015 a la Universidad Autónoma de Chiapas, la cual debía crear comités comunitarios que identificaran prioridades de pobreza en el marco de la Cruzada Nacional Contra el Hambre del sexenio de Peña Nieto.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) comprobó que nunca se realizó el servicio, por lo que acusó al Cheque Orduña, quien obtuvo una pena mínima con beneficios tras negociar un procedimiento abreviado con la Fiscalía General de la República (FGR) y declararse culpable de los hechos.

La pena, impuesta en febrero de 2020, fue de cinco meses y 29 días de prisión y la inhabilitación para ocupar cualquier cargo público durante el mismo periodo, sin embargo, nunca estuvo en prisión porque el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa que tomó su caso, le concedió el beneficio de la sustitución de la pena a cambio de pagar los días multa de su tiempo privado de la libertad, equivalente a 12 mil 222 pesos.

Las reforma electoral de Chiapas aprobada en julio de 2020, contemplaba que ningún ciudadano podía ser elegido si había sido sentenciado a pena privativa de libertad dentro de los cinco años anteriores a la elección. Por esta razón, Ezequiel Orduña impugnó su caso ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas, el cual determinó que no era elegible al cargo de presidente municipal.

Sin embargo, en diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó abajo la reforma electoral de Chiapas, y el requisito de elegibilidad que le negaba a Orduña Morga la posibilidad de contender por la alcaldía quedó anulado.

En sus redes sociales, el político chiapaneco señaló que hubo una guerra sucia que intentó detener su incursión en la política. “Gracias a Dios, a pesar de la guerra sucia tal como se los había anticipado, hemos dado un paso más. Les comparto que me he registrado como precandidato a la presidencia municipal de mi natal Tapachula”, expuso.

En 2017, la investigación periodística conocida como la Estafa Maestra, basada en distintos informes de la ASF, desenredó un sistema de 128 empresas fantasma a través de las cuáles el Gobierno de Enrique Peña Nieto desvió más de siete mil millones de pesos en un esquema que también involucró a servidores públicos de distintos niveles de gobierno.




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