Mazatlán, Sin.- En febrero de este año, el presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres inició una "limpia" de vendedores ambulantes y semifijos a los alrededores del mercado Pino Suárez, pues según había un proyecto de remodelación para este recinto histórico y los comerciantes que estaban sobre banquetas y calles iban a ser reubicados, todos fuera del primer cuadro de la ciudad.
Desde entonces se inició una "batalla" legal y los vendedores buscaron permanecer en sus lugares bajo un amparo, pues algunos tenían hasta 80 años de antigüedad. De los 15 vendedores que se ampararon, sólo 11 obtuvieron la resolución a favor.
Ramona Palomares, una de las cuatro vendedoras que no obtuvo resolución, manifiesta que Benítez Torres después de lo acontecido le negó el permiso anual, la vetó de ponerse de nuevo en el mercado, incluso de reubicarse en cualquier parte de la ciudad, por el simple hecho de haberlo demandado, con la orden de que si se volvía a instalar le sería "levantada" su carreta y su producto.
"El presidente simplemente no nos dejó trabajar, no salimos en la suspensión y no nos quiso otorgar el permiso para seguir trabajando, sólo porque tomamos la decisión de demandar porque es un derecho que nos corresponde”, dijo.
“Ahorita estamos vetados, tenemos prohibido ponernos donde sea, con la orden de que si nos ponemos a trabajar, donde nos pongamos, nos van a levantar la carreta, el producto y a los trabajadores, si ‘se ponen pesados’, de modo que no podemos trabajar en ningún lado".
La carreta en la que Ramona trabajaba tenía 80 años de antigüedad, le perteneció en un principio al padre de su esposo, luego a él y al fallecer le dejó este patrimonio a su esposa e hijos.
No se nos hace justo que tantos años de trabajo honrado y limpio, desde las 4:00 de la mañana a las 10:00 de la noche, se nos quite como vil delincuentes.
Ramona Palomares
La razón por la cual la carreta de Ramona no salió en la suspensión es porque tenía el adeudo del permiso anual del año pasado. Ella estaba atravesando una situación económica complicada y no le fue posible pagarlo. Fue de ahí que el Ayuntamiento se "agarró" para negarle el permiso este año.
A la fecha, menciona, ya son nueve meses sin poder trabajar en su carreta, mientras, se emplea en lo que puede, ya que de ella depende la compra de medicamentos para su madre y su hija, que están enfermas.
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"Los licenciados nos sugirieron que hiciéramos una demanda federal, el presidente ha mentido constantemente, se va llegar hasta las últimas consecuencia; nosotros queremos negociar, hablar, le pedimos humildemente que nos dejara trabajar y no lo permitió", mencionó.
Por otra parte, Gilberto Martínez, vendedor que obtuvo la suspensión, expresa que el hostigamiento por parte de las autoridades ha disminuido, más no ha cesado, ya que todavía durante el periodo de pandemia por el Covid-19, las autoridades han buscado cualquier pretexto para levantarles un acta administrativa.
Además, señala que el permiso anual que les debieron haber otorgado desde principios de año, aún no se otorga.
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