Culiacán, Sin.- Aquel 10 de marzo por la mañana, más de una centena de pobladores de Aguacaliente de Los Monzón, San Rafael, San Cayetano y Tepuche se alzaron contra la amenaza que cernía a sus hogares, debido a los connatos violentos que se comenzaban a dar en la región: grupos antagónicos del Cártel de Sinaloa sostenían desencuentros que indicaban que la sangre llegaría al río.
Los pobladores marcharon frente a unos estandartes de las ilusorias Fuerzas Comunitarias Rurales, que engarzaban en el dibujo de un mundo dos palomas de la paz. Allí en el puente de Aguacaliente, colocaron una cadena a modo de retén, cavaron trincheras y levantaron barricadas: “No tenemos armas, pero las tomaremos si es necesario”, dijeron.
La exigencia fue clara para el Gobierno: una base militar provisional con el fin de disuadir conflictos armados. No hubo eco. Al día siguiente marcharon a la Novena Zona Militar, pero tampoco lograron nada. Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de Seguridad Pública, prometió rondines continuos en las comunidades del norte, pero tan pronto como no hallaron nada, los operativos de las Bases de Operaciones Mixtas Urbanas (BOMU) desistieron.
Pero la guerra estaba ahí, agazapada entre los montes tepuchinos. El mismo Castañeda Camarillo confirmó que desde el 29 de mayo a la fecha, se han registrado 9 enfrentamientos con las Bomus que patrullan la zona, pero este miércoles, la inoperancia de los tres niveles de Gobierno se hizo patente con la masacre de 7 pobladores de Bagrecitos, y por lo menos 9 hombres armados más, que dejó un saldo de 16 personas muertas.
Las investigaciones preeliminares apuntan que los civiles fueron masacrados en la confrontación de las células del Cártel de Sinaloa.
Con esto, también el desplazamiento forzado que la SSP dice desconocer, pero que es tan real en los testimonios de los habitantes, que prefieren salir huyendo que convertirse en las nuevas víctimas de una guerra anunciada.
LA JUSTIFICACIÓN
En conferencia de prensa, el titular de la SSP, argumentó que no se ha podido reaccionar ante la violencia en Tepuche debido a la lejanía de los pueblos y la falta de equipo de vigilancia.
El problema es que es difícil llegar a los puntos, por los tiempos y condiciones del terreno. La gente (de los grupos armados) es conocedora del área, en los eventos que han sucedido, los actores de los hechos dejan las armas y los vehículos y corren al cerro. Es difícil vincularlos así Cristóbal Castañeda Camarillo
Aunque los habitantes desde principio de año alertaron de los hechos del miércoles, la seguridad estatal no pudo actuar con eficiencia, y el número elevado de homicidios, incluyendo a campesinos, se elevó a 16.
Sin embargo, estos sucesos no han cesado, ni con las cinco BOMUS que aseguró que patrullan la región, las cuales suman 300 efectivos. De los drones que posee Seguridad Pública, sentenció:
La aeronave(dron) que tenemos para vigilar el área no cuenta con las características para reconocer este tipo de acontecimientos, por eso pedimos la denuncia oportuna de los habitantes Cristóbal Castañeda Camarillo
Casteñeda Camarillo indicó que desconoce si los habitantes hayan buscado salir de sus pueblos por miedo, es decir, ignora la situación de desplazamientos de personas por la quema de casas y enfrentamientos.
CEDH EMITE MEDIDAS CAUTELARES
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió medidas cautelares al Gobierno del Estado y Ayuntamiento de Culiacán, para que de manera inmediata actúen y garanticen la seguridad los habitantes de la zona norte de Culiacán.
Las medidas cautelares deberán implementarse con el propósito de prevenir o evitar la consumación irreparable de violaciones a los derechos humanos o la producción de daños de difícil o imposible reparación Cristóbal Castañeda Camarillo
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Estas medidas deberán implementarse por el tiempo que se requiera, con el propósito de prevenir o evitar la consumación irreparable de violaciones a los derechos humanos o la producción de daños de difícil o imposible reparación.
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