Culiacán, Sin.- El Congreso del Estado autorizó un presupuesto de 40 millones para 2020 enfocado a vivienda para personas desplazadas por la violencia, pero hasta la fecha no se ha ejercido, de acuerdo con documentos obtenidos por El Sol de Sinaloa a través de acceso a la información.
Lo más grave es que los diputados aprobaron la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en Sinaloa sin una estructura orgánica que provea de recursos, mucho menos un mecanismo funcional al problema. A más de un mes de que entró en vigor, este marco garantista prácticamente es “letra muerta”.
En ese sentido, el comisionado Estatal de Atención a Víctimas, Óscar Fidel González Mendívil, señaló que para que la ley funcione se debe crear un ejercicio de planeación política del gasto específico, “para que se reflejen los recursos que se cuentan y no sea solo aspiracional”.
Indicó que hay aspectos que no se podrá trabajar en lo inmediato, pero con el presupuesto 2021, espera que se encuentre la manera de que los mecanismos sean verdaderamente operables.
“Yo creo que el ejercicio que hace falta es que las áreas encargadas de la cuestión presupuestal de gobierno y las áreas encargadas de la revisión presupuestal del legislativo se pongan de acuerdo, pero que se pongan de acuerdo en la prioridad, que se va a priorizar en el gasto en el año que entra”, destacó.
La Ley de Desplazados fue aprobada por los legisladores locales el pasado nueve de julio del 2020 y fue publicada en el Diario Oficial hasta el 21 de agosto del presente año.
“Por ejemplo, la ley dice que los servicios (de salud) tienen que ser gratuitos, entonces soporta eso también, en educación debe haber becas, soportar eso con dinero, etcétera, no esperar que todo el recurso baje de los programas federales, eso es estar amarrado a la esperanza de que no te cancelen ese fideicomiso”, expresó.
Ante la crisis financiera que atraviesa la Comisión de Víctimas, González Mendívil, reiteró que es mejor que las autoridades digan que no hay fondos para el próximo año, para no atenerse e iniciar sus procesos de planeación y posteriormente prepararse para el 2022.
Hablarnos con la verdad, que eso sería básico, es el primer derecho que la Ley de Víctimas consigna para éstas, el derecho a la verdad, lo traemos hecho bola ahorita.
González Mendívil
Uno de los ejemplos en los que la ley fue urgente para la Comisión de Víctimas, fue la atención de los desplazados de Tepuche, en donde, al no contarse con el respaldo legal, no hubo manera de justificar el apoyo, otorgando la ayuda por ser considerados como víctimas de violación a derechos humanos por desplazamiento forzado interno.
INSTAN A QUIRINO DAR ATENCIÓN
Por su parte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Angélica Díaz Quiñones informó que el Congreso del estado aprobó 40 millones de pesos para atender a los desplazados y que será la Secretaría de Desarrollo Social la encargada de distribuir dichos recursos.
Por ello, la legisladora del PAS hizo un llamado al gobernador para que no solamente se apliquen los recursos sino que el mandatario estatal busque estrategias para combatir la violencia en la zona serrana
Con esta ley, se crea, Registro Estatal para Personas Desplazadas, un Fondo Especial, Programa Estatal, a fin de facilitar la asistencia y ayuda humanitaria y sustentar todas las acciones necesarias que superen las causas de desplazamiento.
“Esa ley y los recursos destinados para ese problema, lo especifica en el artículo cuarto transitorio que dice: El Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado deberá llevar a cabo todos los ajustes presupuestales necesarios para la constitución del Fondo Especial para la Atención y Protección de Personas Desplazadas, en un término de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto”, destacó.
Explicó que se aprobaron 40 millones de pesos pero en los transitorios de la ley se estableció que se va a crear un fondo especial para las víctimas del desplazamiento forzado.
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También establece que las personas en situación de desplazamiento no podrán ser obligadas a su retorno, ni recluidas o confinadas en campamentos. El alojamiento que se brinde de manera emergente e inmediata será en edificios públicos, por periodos no mayores a las 72 horas.
La Fiscalía General del Estado emprenderá de oficio en todo caso, las investigaciones sobre los hechos punibles que condujeron al desplazamiento, mismas de las que informará de manera permanente a las personas desplazadas.
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