Culiacán, Sin.- De acuerdo a la situación por COVID-19, se ha presentado una conducta muy grave y muy sensible para las familias, pues si bien es cierto han aumentado de manera considerable las defunciones, también lo es que no hay razón o pretexto alguno para que sean entregados cuerpos que no corresponden a los familiares.
Ante los errores que últimamente a causa del Covid-19 han cometido instituciones en la entrega de cadáveres equivocados, la diputada con licencia Angélica Díaz Quiñonez demandó sancionar a los responsables que entregan un cadáver que no es el que se reclama.
“De acuerdo a la situación por COVID-19, se ha presentado una conducta muy grave y muy sensible para las familias, pues si bien es cierto ha aumentado de manera considerable las defunciones, también lo es que no hay razón o pretexto alguno para que sean entregados cuerpos que no corresponden a los familiares, situación que lamentablemente muchas personas están viviendo”, indicó.
Dijo que últimamente estos errores ya son muy comunes principalmente en el IMSS donde además del dolor que padecen los deudos se les agrega uno más como es el de velar o enterrar a un pariente que resulta que no era el suyo.
Al presentar una serie de reformas al Código Penal para el Estado de Sinaloa, principalmente al artículo 281 para establecer sanciones a quienes retengan sin necesidad a un recién nacido, por los motivos a que se refiere la parte final de la fracción anterior; retarden o nieguen por cualquier motivo la entrega de un cadáver, excepto cuando se requiera orden de autoridad competente; o entreguen diverso cadáver y no se hayan cerciorado de ser el reclamado.
Recordó por ejemplo que en la ciudad de los Mochis, un adulto mayor que falleció en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por Covid-19 fue entregado por equivocación a los familiares que no les correspondía y se lo llevaron a la ciudad de Guasave donde lo enterraron.
En un comunicado de prensa el IMSS dio a conocer que cuenta con un protocolo para entregar los restos y que una familiar identificó el cuerpo y por eso se entregó, sin embargó, otra familia fue la que se percató del error y el IMSS colaboró para localizar el cadáver y regresarlo a sus deudos, por lo que el IMSS finalmente pidió una disculpa a las familias involucradas.
Otro caso se registró en Mazatlán, pues una familia, recibió en el Instituto Mexicano del Seguro Social, por equivocación el cuerpo de otra persona, a quien prepararon para su velatorio respectivo.
El IMSS Señaló que cuando estaban a punto de recibir el cuerpo por parte de la funeraria, les avisaron que había un error en la entrega del cuerpo y que la persona que estaban a punto de velar, no era su padre, por lo que se tuvieron que trasladar nuevamente al hospital para poder reclamar el cuerpo que les pertenecía.
En ese aspecto, el Instituto señaló que ahora con los protocolos que se tienen en la entrega de cuerpos, debido a la pandemia, prácticamente no se puede hacer una identificación convincente.
Ante esta situación, los deudos han solicitado que se mejoren los protocolos de identificación de cuerpos, para evitar ese tipo de equivocaciones, pues aunado al proceso que tuvieron que vivir, se suma el dolor de la irreparable pérdida de su familiar; que no desean le ocurra a nadie.
“Esta conducta últimamente es cometida por encargados, administradores o empleados de centros de salud y agencias funerarias, por lo que en el PAS consideramos que tenemos la responsabilidad de actualizar los supuestos necesarios en las leyes, de acuerdo con las situaciones o conductas que se presentan y realidades en las que está viviendo en el Estado”, dijo.
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Consideramos que con esta propuesta del PAS, evitaremos que en mayor medida se sigan presentando los casos de equivocaciones en la entrega de cuerpos a los familiares dolientes, y se sancionará a los responsables que incurran en tal conducta.
Ante tal circunstancia dolorosa para miles de familias sinaloenses, los suscritos presentamos esta iniciativa que tiene como finalidad reformar y adicionar las fracciones del artículo 281, del Código Penal para el Estado de Sinaloa.
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