Mazatlán, Sin.- El ayuntamiento de Mazatlán violó los derechos de los dueños del estadio Teodoro Mariscal al negarles las operaciones con el argumento de que tenían pagos pendientes por el servicio de agua potable y acusar que tenían tomas de agua clandestinas, informó la Comisión de Derechos Humanos.
Desde el año 2018, los dueños del Teodoro Mariscal, interpusieron una queja ante la CEDH, luego de que el ayuntamiento de Mazatlán emitiera en sus declaraciones en las que informaban de esta situación.
En una recomendación emitida el día de hoy, el órgano garante de los derechos humanos hizo pública la disolución del caso en donde se acusa a servidores públicos que acusó a los quejosos de tener tomas clandestinas de agua y por tener adeudos por el servicio de agua potable, siendo estos señalados públicamente por las autoridades, quienes admitieron haber realizado tales comentarios.
“La serie de declaraciones efectuadas por los servidores públicos, ha traído como consecuencia, violaciones a los derechos humanos a la protección de la honra y reputación de los quejosos, en su calidad de integrantes de la familia y el primero de los mencionados en su calidad de administrador único de la empresa concesionaria del inmueble, al haber sido señalados públicamente como personas no fiables, que abusan de la buena fe de la autoridad municipal, que roban agua, aun cuando al respecto, no estaba acreditada responsabilidad alguna”, señaló la CEDH en el comunicado.
Aun cuando la comisión afirma no se opone a la investigación, señaló como que el pronunciamiento únicamente tocara la responsabilidad derivada de las violaciones a derechos humanos, verificando si las autoridades señaladas como responsables, actuaron o no de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, por lo que va dirigida directamente al Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.
En el comunicado, al presidente municipal de Mazatlán se le hicieron cuatro recomendaciones en las que se le dice que inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa en el que se investiguen los hechos que en se reprochan y que deberá mantener al tanto de la misma a la CEDH desde el inicio del procedimiento hasta el momento de la resolución.
Por otro lado, le piden ofrecer una disculpa pública institucional donde incluya el reconocimiento de los hechos y acepte su responsabilidad, todo con el fin de restablecer la dignidad y reputación de las víctimas, al mismo tiempo que se le pide impartir un curso de derecho a la protección a la honra entre los servidores públicos de su administración para evitar violaciones a derechos humanos.
Por último le piden presente dicha recomendación a todos los servidores públicos del ayuntamiento de Mazatlán pidiendo al mismo tiempo pruebas del cumplimiento de cada una de ellas a la CEDH una vez que se hayan llevado a cabo cada una de ellas.
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