/ martes 23 de julio de 2019

Afectación de humedales mantiene en caos los esteros y lagunas en Mazatlán

Ninguna autoridad actúa, cuando todos son responsables; asegura ambientalista

Mazatlán, Sin. Las zonas federales de esteros y lagunas en Mazatlán son un caos, por ser áreas que quedan en la "indefinición jurídica real", ya que por necesidad e influencia se invade, rellena y afecta los humedales, en una irregularidad constante y perpetua, sin que alguna autoridad asuma la responsabilidad; señaló el ambientalista David Ocampo Peraza.

El presidente del Centro para la Educación Agrícola y Ambiental de Mazatlán, aseguró que hay una responsabilidad directa de todos los funcionarios municipales y federales que tienen que ver con Ecología, Profepa y Semarnat, pues los daños a los humedales están prohibidos por la ley ambiental, y los rellenos tienen que ver con asentamientos humanos irregulares en zona federal y la falta de un plan de desarrollo urbano.

Con camiones de volteo se arroja piedra, tierra y escombro al estero de Urías, en la Quinta Chapalita.

Comentó que ante los rellenos de los esteros de Urías y El Infiernillo, de entrada, tiene que actuar la Profepa, porque son zonas federales y de manglar, pero también Ecología municipal, pues son invasiones que se dan por falta de opciones para viviendas.

Ante esta indiferencia, agregó, los ambientalistas ven con desesperación y mucho escepticismo que pudieran darse pasos importantes en el cuidado y la protección de los recursos naturales, como son esteros y lagunas, a pesar de que hay una reglamentación para ello.

Sigue siendo un caos, la misma situación de siempre, existe un gran problema que ha aflorado en Mazatlán de todas las colonias, producto de los rellenos en zonas estuarinas como Urías y El Infiernillo, ese es un problemón que ocasiona el no tener un buen trabajo de planeación y medidas preventivas para dotar de vivienda a los habitantes

David Ocampo Peraza

Dijo que mientras no haya planeación y programas que garanticen espacios para vivienda, seguirán las afectaciones contra los humedales.

Indicó que lo más grave es que las autoridades, tanto municipales como federales, no cumplen con su responsabilidad de actuar, y se “amparan”, al decir que no son áreas de su incumbencia o que no tienen los recursos ni el equipo necesario para cuidar y vigilar esas áreas.

Asimismo, agregó, cualquier denuncia ante autoridades federales como Semarnat y Profepa se vuelve un trámite largo y tortuoso, que al final se deja en el olvido y no procede.

Se vuelve áreas de indefinición jurídica real, donde cada quien por medio de su necesidad e influencia se puede asentar, entonces es una irregularidad constante y permanente

David Ocampo Peraza

Ocampo Peraza refirió que las invasiones y extensiones de asentamientos humanos a las orillas de los esteros, es evidencia de que la autoridad autoriza o se hace de la vista gorda, ya que todas esas casas cuentan con los servicios de agua y luz eléctrica.

Alrededor de 45 precaristas de la invasión Juan Pablo II están por cumplir un año y medio a orillas del estero El Infiernillo.

“Son asentamientos irregulares, pero la gente se basa en eso, diciendo ‘cómo me presionas a mí, si hay mil gentes que están haciendo igual o peor que yo’, así que si la autoridad no previene y define áreas de asentamiento para ese sector, con los mínimos servicios, el problema va a seguir, porque la gente busca y no le importa que sean lagunas o esteros, lo que quiere es un lugar donde vivir”, concluyó el también integrante del Consejo Municipal de Auditoría Ciudadana y consejero del Instituto Municipal de Planeación.

SANCIONES

  • De 2 a 10 años de prisión y de 300 a 3 mil días de multa, a quien ilícitamente dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas o esteros, establece el Código Penal Federal, en su artículo 420 Bis, fracción I.
  • De 6 meses a 9 años de prisión es el castigo para quien desmonte o destruya la vegetación natural.
  • De 1 a 9 años de prisión es la sanción para el que dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, además de la pena económica, con la agravante de que el mangle está protegido por la normatividad ambiental federal.

A CONSIDERAR

  • La Ley General de Vida Silvestre prohíbe la remoción, relleno, trasplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar.

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El presidente del Centro para la Educación Agrícola y Ambiental de Mazatlán, aseguró que hay una responsabilidad directa de todos los funcionarios municipales y federales que tienen que ver con Ecología, Profepa y Semarnat, pues los daños a los humedales están prohibidos por la ley ambiental, y los rellenos tienen que ver con asentamientos humanos irregulares en zona federal y la falta de un plan de desarrollo urbano.

Con camiones de volteo se arroja piedra, tierra y escombro al estero de Urías, en la Quinta Chapalita.

Comentó que ante los rellenos de los esteros de Urías y El Infiernillo, de entrada, tiene que actuar la Profepa, porque son zonas federales y de manglar, pero también Ecología municipal, pues son invasiones que se dan por falta de opciones para viviendas.

Ante esta indiferencia, agregó, los ambientalistas ven con desesperación y mucho escepticismo que pudieran darse pasos importantes en el cuidado y la protección de los recursos naturales, como son esteros y lagunas, a pesar de que hay una reglamentación para ello.

Sigue siendo un caos, la misma situación de siempre, existe un gran problema que ha aflorado en Mazatlán de todas las colonias, producto de los rellenos en zonas estuarinas como Urías y El Infiernillo, ese es un problemón que ocasiona el no tener un buen trabajo de planeación y medidas preventivas para dotar de vivienda a los habitantes

David Ocampo Peraza

Dijo que mientras no haya planeación y programas que garanticen espacios para vivienda, seguirán las afectaciones contra los humedales.

Indicó que lo más grave es que las autoridades, tanto municipales como federales, no cumplen con su responsabilidad de actuar, y se “amparan”, al decir que no son áreas de su incumbencia o que no tienen los recursos ni el equipo necesario para cuidar y vigilar esas áreas.

Asimismo, agregó, cualquier denuncia ante autoridades federales como Semarnat y Profepa se vuelve un trámite largo y tortuoso, que al final se deja en el olvido y no procede.

Se vuelve áreas de indefinición jurídica real, donde cada quien por medio de su necesidad e influencia se puede asentar, entonces es una irregularidad constante y permanente

David Ocampo Peraza

Ocampo Peraza refirió que las invasiones y extensiones de asentamientos humanos a las orillas de los esteros, es evidencia de que la autoridad autoriza o se hace de la vista gorda, ya que todas esas casas cuentan con los servicios de agua y luz eléctrica.

Alrededor de 45 precaristas de la invasión Juan Pablo II están por cumplir un año y medio a orillas del estero El Infiernillo.

“Son asentamientos irregulares, pero la gente se basa en eso, diciendo ‘cómo me presionas a mí, si hay mil gentes que están haciendo igual o peor que yo’, así que si la autoridad no previene y define áreas de asentamiento para ese sector, con los mínimos servicios, el problema va a seguir, porque la gente busca y no le importa que sean lagunas o esteros, lo que quiere es un lugar donde vivir”, concluyó el también integrante del Consejo Municipal de Auditoría Ciudadana y consejero del Instituto Municipal de Planeación.

SANCIONES

  • De 2 a 10 años de prisión y de 300 a 3 mil días de multa, a quien ilícitamente dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas o esteros, establece el Código Penal Federal, en su artículo 420 Bis, fracción I.
  • De 6 meses a 9 años de prisión es el castigo para quien desmonte o destruya la vegetación natural.
  • De 1 a 9 años de prisión es la sanción para el que dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, además de la pena económica, con la agravante de que el mangle está protegido por la normatividad ambiental federal.

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