Mazatlán, Sin.- En lo que va del año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido 34 quejas, de las cuales un 80% son denuncias en contra de las corporaciones de seguridad pública, Fiscalía General de Justicia y tribunales de barandilla, por detenciones arbitrarias, maltrato físico e inactividad en la investigación de los delitos, informó el encargado de la Visitaduría Regional de la Zona Sur de la CEDH, Fermín Núñez Millán.
Comentó que debido al confinamiento social y los riesgos de contagio por el coronavirus, desde que empezó la pandemia, el número de denuncias presentadas ante este organismo ha disminuido un 50%.
Refirió que en el 2019 se presentaron 240 quejas ante este organismo en la zona sur del estado, incluyendo Mazatlán, Concordia, Rosario, Escuinapa, San Ignacio, Cosalá y Elota, el año pasado la cifra bajó a 121 y en este año, en el primer cuatrimestre suman 34.
Lamentó que a pesar de la pandemia, las quejas contra las autoridades en materia de seguridad pública y procuración de justicia se mantengan hasta un 80% del total de las denuncias, principalmente por maltrato físico, detención arbitraria e insuficiencia en la investigación del delito.
Dijo que de las quejas presentadas en el 2019, el 90% de ellas ya se resolvió, mientras que las de 2020 se lleva un avance del 70% y de las del presente año, alrededor del 40% están resueltas.
Núñez Millán indicó que después de las quejas en contra de las corporaciones de seguridad pública y de impartición de justicia, le siguen aquellas en contra de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
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Aclaró que en lo que va del año no se han presentado quejas por falta de atención a la salud o negligencia médica, ni en contra del IMSS ni del Issste o alguna institución médica municipal.
Según las estadísticas de los últimos 4 años, los municipios con más quejas de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos son Culiacán con el 44.5% de las solicitudes, seguido de Mazatlán con el 22% de los casos, y Ahome, con 14.4% de las quejas.
Los principales hechos violatorios que se presentan, conforme a los expedientes registrados, son: detención arbitraria, retención ilegal, negativa o deficiente atención médica, prestación indebida del servicio público, violación a los derechos de las víctimas de delito, acceso a la justicia, interés superior a la niñez, negativa al derecho de petición, defensa adecuada, derecho al debido proceso, entre otros.
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