/ jueves 9 de septiembre de 2021

Una historia de la infamia

Alguien infame es quien actúa con maldad o vileza y por ello, se gana un descrédito al caer en la deshonra. En todas las épocas históricas a la persona que goza de plena estimación social, a quien tiene reconocido su honor, se le reconocen los derechos civiles y políticos en su plenitud, mientras que quien carece o tiene disminuido su honor, pierde total o parcialmente su capacidad civil y política dentro de su comunidad.

En las fuentes de la Antigua Roma, la infamia era la degradación del honor civil, una especie de excomunión civil e incurrir en ella implicaba la pérdida de la reputación social y legalmente. Encontramos diferentes términos con los que se refieren a la estima social de una persona, así como a la desestima social. Para establecer que una determinada persona gozaba de un reconocimiento social, se utilizaban diferentes vocablos, entre otros: integra dignitas, fama y también existimatio; por otro lado, para referirse a la mala reputación en el ámbito social, existían diferentes términos, como: improbus intestabilisque, ignominia, turpitudo, infamia.

En esa época romana, existía la degradación del honor civil producida por la infamia porque hay que tener en cuenta que la igualdad jurídica de todos los ciudadanos pertenecientes a la misma comunidad era el fundamento de las instituciones que constituían el Estado romano; no obstante en el Derecho penal de la época romana tenía lugar la limitación de los derechos civiles del individuo, ya como pena accesoria de alguna otra, ya como pena principal. Uno de los supuestos que suponen una disminución de los derechos civiles es la infamia por causa de delito.

El martes de esta semana, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell dijo, en presencia de López Obrador -que jamás lo desmintió o desautorizó-, una frase que habrá de recordarse, no solo por su escalofriante infamia, sino también porque servirá de registro a la hora de que la justicia ajuste cuentas por las responsabilidades jurídicas no cumplidas desde el gobierno: “Por cada dosis de la vacuna contra COVID-19 que se desvía a menores a través de los amparos, se le quita la oportunidad de inmunizar a una persona que tiene un riesgo mayor”. Para López-Gatell es un inútil e inmoral desvío de recursos cada vacuna que se destina a nuestros menores; desvío perpetrado por nuestros jueces de amparo. Se lamenta de tener que vacunar, por orden judicial, cuando lo sensato y honorable tendría que ser la vacunación universal ya autorizada para los menores de ese grupo etario. ¿Por qué el subsecretario actúa así? Ya Baltasar Gracián nos advertía: “Señal de tener gastada la fama propia es cuidar de la infamia ajena. Huya el prudente de ser registro de infamias".

Al tiempo, el presidente ordenó, en una execración de los menores, investigar el origen de más de 250 amparos que se interpusieron para lograr la vacunación. “Ya lo estoy viendo como una acción concertada”, afirmó.

A sólo tres semanas de que se registraron las cifras récords de contagios por COVID-19 en México, los niños y menores de edad infectados ambulatorios –los que no requirieron hospitalización– se dispararon en 37 mil 552 casos, al pasar de 194 mil 876 a 232 mil 428. También, los casos que tuvieron que ser internados por urgente atención hospitalaria se elevaron en mil 373, al crecer de 8 mil 491 a 9 mil 864. Ya se sabe que los niños sí son víctimas directas del virus y que se encuentran también en un alto riesgo, de acuerdo con los registros de la propia Secretaría de Salud, tan sólo en este periodo de revisión de las cifras –del 15 de agosto al 5 de septiembre–, los casos de niños de cero a cuatro años en situación ambulatoria reportados crecieron de 15 mil 24 a 18 mil 497, es decir, alza de 3 mil 473. Las tasas semanales de hospitalización asociadas a Covid-19 entre niños y adolescentes se multiplicaron casi por cinco a finales de junio-mediados de agosto de 2021, coincidiendo con el aumento de la circulación de la variante delta del SARS-CoV-2, altamente transmisible, según recientes datos hechos públicos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Pero no, solo con la fuerza de los jueces de amparo el gobierno vacuna a los menores. Mientras, ha vacunado con criterios políticos a quien le ha dado la gana. Y tampoco es que no haya vacunas. La donación de vacunas Covid del Gobierno de Estados Unidos al de México continuará en septiembre con la llegada de 6 millones 350 mil dosis, anunció este martes el canciller Marcelo Ebrard, al mismo tiempo que informaba que esta semana se enviarán 300 mil dosis de vacunas a Honduras, Bolivia, Jamaica, Paraguay, Belice y Nicaragua (segundas dosis), sin contar con otras 400 mil 800 donadas como primera dosis a Guatemala, El Salvador y Honduras. Y 400 mil también que ya se donaron a Bolivia, Belice y Paraguay.

La salud de la población no es prioridad para este gobierno, lo mismo que deja sin medicinas y en lista de espera a los pacientes (niños) oncológicos y ahora deja, hasta el final, en la cola, criminalizada, la vacunación de los menores. De acuerdo a Mexicanos Contra la Corrupción, al primer semestre de 2021, los recursos asignados para la función de salud han tenido una disminución de 10,611 millones de pesos (-2%), mientras que los recursos planificados para combustibles y energía han incrementado en 99,902 millones de pesos (+8%). El costo del sobreprecio que el gobierno destinará a la inviable Dos Bocas es 1.7 veces mayor al presupuesto de salud ejercido en el mismo período. Sin estar previsto en el presupuesto, en el primer semestre del año se han asignado 68 mil millones de pesos adicionales a esa máquina de quemar dinero que es PEMEX. El aumento respecto de lo programado por la Cámara de Diputados, fue de un 151%. Y qué decir del Tren Maya, cuyo presupuesto también subirá un 76%.

Una cita atribuida a Voltaire viene a cuento: “A ti te corresponde destruir al infame político que convierte al crimen en virtud. La palabra político significaba, en su origen primitivo, ciudadano; y hoy, gracias a nuestra perversidad, ha llegado a significar el que engaña a los ciudadanos. Devuélvele, Señor, su antiguo significado”.




Alguien infame es quien actúa con maldad o vileza y por ello, se gana un descrédito al caer en la deshonra. En todas las épocas históricas a la persona que goza de plena estimación social, a quien tiene reconocido su honor, se le reconocen los derechos civiles y políticos en su plenitud, mientras que quien carece o tiene disminuido su honor, pierde total o parcialmente su capacidad civil y política dentro de su comunidad.

En las fuentes de la Antigua Roma, la infamia era la degradación del honor civil, una especie de excomunión civil e incurrir en ella implicaba la pérdida de la reputación social y legalmente. Encontramos diferentes términos con los que se refieren a la estima social de una persona, así como a la desestima social. Para establecer que una determinada persona gozaba de un reconocimiento social, se utilizaban diferentes vocablos, entre otros: integra dignitas, fama y también existimatio; por otro lado, para referirse a la mala reputación en el ámbito social, existían diferentes términos, como: improbus intestabilisque, ignominia, turpitudo, infamia.

En esa época romana, existía la degradación del honor civil producida por la infamia porque hay que tener en cuenta que la igualdad jurídica de todos los ciudadanos pertenecientes a la misma comunidad era el fundamento de las instituciones que constituían el Estado romano; no obstante en el Derecho penal de la época romana tenía lugar la limitación de los derechos civiles del individuo, ya como pena accesoria de alguna otra, ya como pena principal. Uno de los supuestos que suponen una disminución de los derechos civiles es la infamia por causa de delito.

El martes de esta semana, el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell dijo, en presencia de López Obrador -que jamás lo desmintió o desautorizó-, una frase que habrá de recordarse, no solo por su escalofriante infamia, sino también porque servirá de registro a la hora de que la justicia ajuste cuentas por las responsabilidades jurídicas no cumplidas desde el gobierno: “Por cada dosis de la vacuna contra COVID-19 que se desvía a menores a través de los amparos, se le quita la oportunidad de inmunizar a una persona que tiene un riesgo mayor”. Para López-Gatell es un inútil e inmoral desvío de recursos cada vacuna que se destina a nuestros menores; desvío perpetrado por nuestros jueces de amparo. Se lamenta de tener que vacunar, por orden judicial, cuando lo sensato y honorable tendría que ser la vacunación universal ya autorizada para los menores de ese grupo etario. ¿Por qué el subsecretario actúa así? Ya Baltasar Gracián nos advertía: “Señal de tener gastada la fama propia es cuidar de la infamia ajena. Huya el prudente de ser registro de infamias".

Al tiempo, el presidente ordenó, en una execración de los menores, investigar el origen de más de 250 amparos que se interpusieron para lograr la vacunación. “Ya lo estoy viendo como una acción concertada”, afirmó.

A sólo tres semanas de que se registraron las cifras récords de contagios por COVID-19 en México, los niños y menores de edad infectados ambulatorios –los que no requirieron hospitalización– se dispararon en 37 mil 552 casos, al pasar de 194 mil 876 a 232 mil 428. También, los casos que tuvieron que ser internados por urgente atención hospitalaria se elevaron en mil 373, al crecer de 8 mil 491 a 9 mil 864. Ya se sabe que los niños sí son víctimas directas del virus y que se encuentran también en un alto riesgo, de acuerdo con los registros de la propia Secretaría de Salud, tan sólo en este periodo de revisión de las cifras –del 15 de agosto al 5 de septiembre–, los casos de niños de cero a cuatro años en situación ambulatoria reportados crecieron de 15 mil 24 a 18 mil 497, es decir, alza de 3 mil 473. Las tasas semanales de hospitalización asociadas a Covid-19 entre niños y adolescentes se multiplicaron casi por cinco a finales de junio-mediados de agosto de 2021, coincidiendo con el aumento de la circulación de la variante delta del SARS-CoV-2, altamente transmisible, según recientes datos hechos públicos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Pero no, solo con la fuerza de los jueces de amparo el gobierno vacuna a los menores. Mientras, ha vacunado con criterios políticos a quien le ha dado la gana. Y tampoco es que no haya vacunas. La donación de vacunas Covid del Gobierno de Estados Unidos al de México continuará en septiembre con la llegada de 6 millones 350 mil dosis, anunció este martes el canciller Marcelo Ebrard, al mismo tiempo que informaba que esta semana se enviarán 300 mil dosis de vacunas a Honduras, Bolivia, Jamaica, Paraguay, Belice y Nicaragua (segundas dosis), sin contar con otras 400 mil 800 donadas como primera dosis a Guatemala, El Salvador y Honduras. Y 400 mil también que ya se donaron a Bolivia, Belice y Paraguay.

La salud de la población no es prioridad para este gobierno, lo mismo que deja sin medicinas y en lista de espera a los pacientes (niños) oncológicos y ahora deja, hasta el final, en la cola, criminalizada, la vacunación de los menores. De acuerdo a Mexicanos Contra la Corrupción, al primer semestre de 2021, los recursos asignados para la función de salud han tenido una disminución de 10,611 millones de pesos (-2%), mientras que los recursos planificados para combustibles y energía han incrementado en 99,902 millones de pesos (+8%). El costo del sobreprecio que el gobierno destinará a la inviable Dos Bocas es 1.7 veces mayor al presupuesto de salud ejercido en el mismo período. Sin estar previsto en el presupuesto, en el primer semestre del año se han asignado 68 mil millones de pesos adicionales a esa máquina de quemar dinero que es PEMEX. El aumento respecto de lo programado por la Cámara de Diputados, fue de un 151%. Y qué decir del Tren Maya, cuyo presupuesto también subirá un 76%.

Una cita atribuida a Voltaire viene a cuento: “A ti te corresponde destruir al infame político que convierte al crimen en virtud. La palabra político significaba, en su origen primitivo, ciudadano; y hoy, gracias a nuestra perversidad, ha llegado a significar el que engaña a los ciudadanos. Devuélvele, Señor, su antiguo significado”.