En su reconocida obra Cómo mueren las democracias, Steven Levitsky Daniel Ziblat señalan que los líderes populistas buscan asaltar, secuestrar y colonizar las instituciones democráticas, particularmente el sistema judicial.
Un ejemplo claro de ello es Hungría, donde el dictador ultranacionalista Víctor Orbán amplió el tamaño de la Corte Constitucional de 8 a 15 integrantes, cambió las reglas para el nombramiento de los magistrados y cubrió las vacantes con incondicionales a su gobierno.
La misma estrategia de captura del poder judicial siguió Hugo Chávez en Venezuela, que elevó el número de miembros del Tribunal Supremo de 20 a 32 magistrados, y llenó las vacantes de leales a su gobierno populista.
En México, el gobierno federal forzó la renuncia de Eduardo Medina Mora como uno de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias a ello, y a la mayoría con que cuenta Morena en el Senado de la república, Andrés Manuel López Obrador ha propuesto y designado, en dos años de gestión, a tres de los ministros que integran el máximo tribunal constitucional de nuestro país, y lamentablemente ha coptado a otros tres ministros, incluido su presidente.
La resolución que emitió la Corte sobre la constitucionalidad de la consulta ciudadana propuesta por López Obrador para enjuiciar a los ex presidentes de la república, es una demostración fehaciente de la subordinación de la mayoría de los ministros al ejecutivo federal, lo cual representa una vulneración en la autonomía del poder judicial y un muy grave retroceso en nuestra vida democrática.
En los últimos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había logrado afianzar su independencia y autonomía, después de décadas de estar supeditada a la voluntad y capricho del presidente de la república. Este signo distintivo del “viejo régimen”, ha sido restaurado en la llamada Cuarta Transformación.
Resulta evidente que la mayoría de los ministros no resistieron el asedio y la presión de Andrés Manuel López Obrador, que un día antes de la votación en la Corte amenazó con proponer una reforma constitucional si no se aprobaba la consulta para enjuiciar a los ex presidentes de la república.
En este debate, por supuesto que hubo voces razonables. El ministro ponente Luis María Aguilar, planteó desechar la propuesta de consulta, por ser inconstitucional y violentar los derechos humanos y la presunción de inocencia.
Por su parte, el ministro Javier Laynez de manera contundente afirmó que “la justicia no se consulta”. Y efectivamente, a los ciudadanos no les corresponde decidir si se deben investigar los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública. Si hay pruebas que acrediten que los ex presidentes incurrieron en delitos, López Obrador y su gobierno deberían presentar las denuncias correspondientes, para que el ministerio público cumpla con sus responsabilidades.
Sin embargo, las opiniones de los ministros Aguilar y Laynez no fueron escuchadas por la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se sometieron indigna y servilmente a los dictados del ejecutivo federal.
La Corte, en este caso optó por el populismo penal y una justicia plebiscitaria, con tal de complacer el ánimo de venganza política del presidente de la república. Esta consulta no tendrá efectos vinculantes. Será otra más de las consultas “patito”, que solo persiguen un objetivo político.
Que lamentable, que en un gobierno que predica la “austeridad republicana”, y en medio de una emergencia sanitaria y económica, se destinen ¡8 mil millones de pesos! a una consulta que no tendrá consecuencias jurídicas, que es una simulación y un vil engaño, y que solo sirve para que Andrés Manuel López Obrador continúe creando cortinas de humo y siga en su campaña electoral permanente.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló vergonzosamente la constitucionalidad de la consulta para enjuiciar a los expresidentes de la república, pero modificó la pregunta originalmente propuesta por el ejecutivo federal, con lo cual empañó aún más su equivocada actuación.
El problema, y la grave contradicción, es que la interrogante que finalmente aprobó la Corte nada tiene que ver con la que fue revisada y discutida en el momento en que se declaró la constitucionalidad de la consulta ciudadana, a partir de la pregunta formulada inicialmente por el presidente de la república.
Por lo demás, la pregunta autorizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación también violenta nuestra constitución, ya que no se puede someter a consulta la obligación del estado de investigar los delitos y proteger los derechos de las víctimas.
La interrogante que se planteará a los ciudadanos en la consulta es la siguiente: ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional o legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las de acciones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Esta pregunta es un auténtico galimatías, digna del mejor Cantinflas. Se trata de una aberración jurídica, que lesiona el prestigio de nuestro máximo tribunal constitucional. Hasta el mismo López Obrador ha dicho que la pregunta es “genérica, abstracta y poco clara”.
¿Cuáles son los años pasados que se tomarán en cuenta? ¿La investigación se remontará al México prehispánico, a la conquista y la colonia? ¿Iniciaremos en el porfiriato o la revolución? ¿Para los ministros de la Corte, el esclarecimiento de las acciones políticas incluirá la gestión de la 4T?
¿A qué actores políticos se refieren? ¿A los tlatoanis aztecas, a Hernán Cortés, a los virreyes españoles, a Agustín de Iturbide y Maximiliano de Habsburgo? ¿Se investigará a Benito Juárez, a Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa y Lázaro Cárdenas? ¿Se buscará esclarecer las acciones políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador?
¿Quiénes son las posibles víctimas a las que se debe garantizar justicia y derechos? ¿Serán los pueblos originarios que fueron colonizados por los españoles? ¿O los trabajadores asesinados en el porfiriato en Río Blanco y Cananea? ¿Estarán pensando los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los estudiantes asesinados el 2 de octubre de 1968? ¿O serán acaso las víctimas de la “guerra sucia” contra la guerrilla, las de Acteal o Ayotzinapa? ¿Se buscará garantizar justicia y derechos a la familia Le Baron, a los miles de asesinados en el gobierno de la Cuarta Transformación?
Nada de esto queda claro. Lo único que es evidente y preocupante, es que con su burdo a indigno sometimiento al ejecutivo federal, la Corte pervierte el equilibrio entre los poderes y abre la puerta a la restauración del hiperpresidencialismo y al retroceso democrático.
Steven Levitsky y Daniel Ziblat, reconocen que cuando un país es gobernado por un líder poderoso, con altos niveles de aprobación, como es ahora el caso de México, “los jueces se muestran más reticentes a dictar sentencias en contra del gobierno”.
Sin embargo, al abdicar a su responsabilidad como garante del orden constitucional y contrapeso en el ejercicio del poder, la Suprema Corte de Justicia de la Nación genera las condiciones para el deterioro y subversión de nuestra democracia.
